La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha paralizado la construcción de una macrourbanización ilegal en suelo rústico en el paraje conocido como Ribera de La Oliva en Barbate con 70 parcelas, de las que se han precintado 48 en plena construcción detectadas en tres grandes parcelaciones urbanísticas. Debido a sus grandes dimensiones y al cerramiento con muros ciegos de algunas parcelas, la Inspección sobrevoló con drones la zona para determinar los límites físicos de la parcelación ilegal.
En las labores de precinto, que se han desarrollado este pasado lunes, han participado once integrantes de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento y se ha contado con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Han asistido dos patrullas de la Guardia Civil, dos de la Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dos patrullas de la Policía Local de Barbate, dos patrullas de los Agentes de Medio Ambiente y también participó la fiscal delegada de Medio Ambiente de Cádiz.
Las decenas de propietarios han sido citados a pie de parcela a distintas horas del día, siendo informados por la Inspección de Ordenación del Territorio de la orden de suspensión y precinto de las obras, y de la imposibilidad de continuarlas.
Las órdenes de precinto se han ejecutado con carácter cautelarísimo, antes incluso de la adopción del acuerdo de inicio de los preceptivos expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad que se incoarán a continuación, dado el importante avance detectado en las tres visitas de inspección realizadas. De hecho, se estaban realizando de manera simultánea obras de urbanización y construcción sin licencia en más de 40 parcelas.
El precinto se ha desarrollado en un ámbito de suelo no urbanizable con parcelas incluidas dentro de los 500 metros adyacentes a la ribera del mar, es decir, dentro de la zona de influencia del litoral. Asimismo, todas las parcelas afectadas se encuentran dentro de la zona del Dominio Público Hidráulico del Arroyo de Mondragón, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, tratándose en algunos casos de suelos con riesgo de inundación. Igualmente, las parcelas más orientales colindan con el Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate, declarada Zona Especial de Conservación, así como están junto al monte público catalogado Marismas DPMT, de titularidad demanial estatal.
Esta actuación se enmarca dentro del protocolo de intenciones en materia de disciplina urbanística suscrito el pasado 1 de junio por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, mediante el que se impulsaron líneas de cooperación y coordinación para atajar el problema ambiental, territorial y urbanístico provocado por la indisciplina urbanística. Al respecto, los Inspectores de la Junta han destacado la importante colaboración prestada por la Policía Local de Barbate.
La inminente entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), el próximo día 24, permitirá la actuación directa de la Inspección Urbanística Andaluza en este tipo de casos, además de para incoar expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial y sancionadores en parcelaciones urbanísticas como las precintadas, las cuales pueden inducir a la formación de nuevos asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable (rústico, en la nueva ley).
Esto permitirá actuar de una manera inmediata, sin requerir el transcurso del plazo de un mes de inactividad municipal, con lo que se aventura una respuesta más rápida y eficaz por parte de la Inspección autonómica frente a actuaciones en curso de ejecución. En ocasiones, cumplir con los requisitos legales que se establecen en la aún vigente ley urbanística, la LOUA, ha supuesto la consolidación de irregularidades urbanísticas o la presencia de inquilinos en viviendas que se encontraban en construcción.
Más de 800.000 euros de sanción
Esta importante actuación en Barbate ha tenido lugar solo tres días después de que la Consejería haya acordado el inicio de un procedimiento sancionador por una nueva parcelación urbanística detectada en suelo no urbanizable de especial protección en Arcos de la Frontera, instrumentalizada a través de la venta de participaciones sociales de la parcela matriz para su posterior división en 32 lotes de 700 a 800 metros cuadrados. La sanción propuesta asciende a los 829.125 euros
Los actos acometidos en dichas parcelas han consistido en la transformación mediante desbroce de los terrenos, la ejecución de un viario común interior, la generación de al menos 32 subparcelas delimitadas con malla/muros de bloques de hormigón y una puerta de acceso desde dicho viario común interior. También se han detectado actos de construcción, edificación e instalación para usos residenciales y complementarios al uso residencial en el interior de los lotes.
Las actuaciones se encuentran en desarrollo y ejecución y no cuentan con la licencia ni autorizaciones preceptivas. Las ventas de los terrenos se iniciaron en el 2018 y se han prolongado hasta 2021, detectándose anuncios de venta de terrenos en distintos portales inmobiliarios.
