La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha mostrado su total compromiso con las obras que necesita la ladera oeste de Arcos para el afianzamiento de los terrenos, y con ello el respaldo económico del Gobierno de la nación a la tercera fase de trabajos. El subdelegado Agustín Muñoz quiso conocer de primera mano la situación por la que atraviesan unos 300 vecinos que habitan los bloques de viviendas del residencial La Verbena, donde más de veinte familias tuvieron que desalojar sus hogares al declararse en estado ruinoso su edificio.
Sin embargo, como el problema es mucho mayor, pues afecta a gran parte del centro urbano de Arcos por el deslizamiento de los terrenos, también requiere soluciones más importantes y costosas. Por el momento, el arquitecto director de la obra estima que se necesitan alrededor de cinco millones de euros, cantidad que ya están dispuestas a sufragar en parte la Junta de Andalucía y la Diputación provincial. Faltaba por tanto el compromiso estatal, que ya se ha materializado felizmente a la espera de ponerse sobre la mesa cantidades concretas.
El subdelegado abrió varias posibilidades de ayuda a través de distintas líneas, como por ejemplo concurrir a la próxima convocatoria del 1,5 por ciento cultural de los ministerios de Fomento y Cultura prevista para el segundo semestre de 2017. De hecho, en la última convocatoria del 1,5 por ciento cultural, el Ayuntamiento cumplió todos los requisitos para que le fuera aprobado el expediente; sin embargo, el gran número de solicitudes imposibilitó que el proyecto saliera adelante. Para el Gobierno es “una prioridad preservar un bien de interés cultural, como lo es Arcos de la Frontera, y dar continuidad a una actuación que es garantía y apuesta por nuestro patrimonio cultural y turístico”. Cabría que recordar en esta dirección que la zona afectada por los deslizamientos del terreno está comprendida en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera”, aprobado por la Junta de Andalucía a principios de siglo, por lo que teóricamente debería tener mayor consideración en las actuaciones conducentes a la preservación del patrimonio.
Otra vía de ayuda podría ser incluir las actuaciones en el futuro Plan de Vivienda, aunque lo que parece cobrar más relevancia sería la declaración de Arcos como Área de Regeneración Urbana (ARA), en cuyo caso sería una declaración competencia de la Junta de Andalucía.
En obras anteriores, el Gobierno de España aportó 1,7 millones de euros en 2012 (un 75 por ciento de los 2,5 millones totales de la actuación), en una fase que también contó con aportación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.
Agustín Muñoz, acompañado del representante de la empresa Tragsa que ha realizado obras anteriores, señaló que ahora lo importante es que las administraciones públicas vayan de la mano en este asunto. Así, trasladó “el compromiso absoluto del Gobierno de Rajoy porque es de justicia”, señaló el subdelegado en alusión a la situación que vienen padeciendo los vecinos desde hace ya doce años.
Estas previsiones de ayuda han sido ya abordas en una reunión celebrada anteriormente en el Ministerio de Fomento, concretamente en la Dirección General de Vivienda.
Lo que sí quedó patente durante el encuentro, al margen del compromiso institucional, es la necesidad de acometer cuanto antes las obras para aprovechar la sinergia de actuaciones anteriores. Al menos, es el deseo que expresan los vecinos afectados, no alarmados pero sí con cierta resignación por tantos años de aguante.
De forma paralela, técnicamente se podría recuperar el edificio en ruinas, aunque la vía judicial emprendida por los propietarios no les ha servido para recuperar sus hogares.
