El Pleno municipal corroboró la bajada general de impuestos en 2014 que unos días antes presentó el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro. El punto contó con el voto en contra del grupo socialista, que acabó considerando que esa presunta bajada de impuestos se “enmascara” con subidas anteriores y con la inclusión de nuevos conceptos, advirtiendo a las familias y pensionistas en este sentido de la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo con la subida del agua, aunque el debate de ordenanzas no recoge esta tasa específica.
Bajadas en el IBI, en el ‘sellito’ y otros conceptos
Se confirma la reducción del diez por ciento en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), al igual que una bajada del diez y del cinco por ciento en el impuesto de circulación de vehículos. Pero sobre todo llama la atención la disminución de la cuantía del impuesto por apertura de nuevos negocios que no superen los 200 metros cuadrados de superficie, ya que éstos verán bajar el impuesto en un 95 por ciento; es decir, que a efectos de impuestos municipales, abrir un nuevo negocio en Arcos apenas tendrá coste.
Esta medida ya se aplicaba a los nuevos negocios del casco antiguo, pero ahora se abre al resto del término municipal. Según el alcalde, esta medida se completa con la oficina de licencias express que abrió el Ayuntamiento hace unos meses para agilizar la apertura de nuevos negocios. Asimismo, la cuantía del impuesto por carga y descarga se supedita a la cantidad de metros que requiera esta operación a las puertas de los negocios, con lo cual los comerciantes pagarán en función a la zona utilizada.
Respecto a las viviendas hasta ahora ilegales, los afectados pagarán en el IBI una tasa de legalización del seis por ciento (porcentaje al metro cuadrado construido) que no aplica el Ayuntamiento, sino el colegio de arquitectos. En otros términos, 2.800 viviendas comenzarán a tributar IBI en el Ayuntamiento de Arcos, con lo cual se rompe una discriminación y un claro agravio que se venía produciendo. Los contribuyentes de estas viviendas ilegales podrán fraccionar los pagos. Sobre los impuestos que recaen en las viviendas sociales, se confirma una disminución del 90 por ciento del IBI en el parque público de viviendas, lo cual amortiguará la subida de la Junta. Para el Gobierno, esta política tributaria refleja en las ordenanzas fiscales supone un gran esfuerzo económico en tiempos difíciles, y supone un compromiso con la creación de empleo y apoyo a las empresas, según el ejecutivo.
El debate
A diferencia de otras ocasiones, fue el equipo de Gobierno el que abrió el debate presentando las diez modificaciones que se introducen en las ordenanzas, pero sobre todo para ratificarse en una política que tiene por objetivo agravar lo menos posible la economía familiar en tiempos de crisis. De ello se encargó el portavoz del grupo popular, Sebastián Ruiz, quien defendió las filigranas económicas realizadas por el equipo de Gobierno para cuadrar los impuestos con los ingresos que el Ayuntamiento requiere.
Desde el grupo socialista, su portavoz, Isidoro Gambín, señaló que la bajada anunciada por el Gobierno no tiene un carácter “histórico” porque en anteriores mandatos también se bajaron y/o se congelaron. El grupo socialista pidió que se incluyan algunas enmiendas, como la retirada del canon por instalaciones municipales para los colectivos arcenses sin ánimo de lucro, a lo que el Gobierno respondería posteriormente que no se cobra tasa alguna a estos colectivos. Gambín, no obstante, se mostró en contra de la aplicación de un nuevo impuesto sobre las viviendas hasta ahora ilegales, que podrían aportar al Ayuntamiento en torno a 5.000 euros anuales en cada caso. A este respecto, se preguntó si los afectados sabían que junto a las sanciones ya emitidas tenían que pagar este concepto a cambio de los primeros pasos para la regularización de viviendas, y señaló que la promesa del delegado de Urbanismo fue que el proceso no tendría coste alguno para los propietarios de esas viviendas. Además, criticó que los usuarios tengan que abonar una tasa en el Ayuntamiento por la emisión de certificados, para que éstos no tengan coste para los parados de larga duración.
La crítica fundamental del grupo socialista se centró, aunque no era el caso, en el aumento del recibo del agua, para asegurar que se ha triplicado en detrimento del ciudadano. Así quiso explicar que la bajada de los impuestos se amortigua con la subida del agua, es decir, “una subida global” de los impuestos, según su portavoz. Sin embargo, agradeció que el Gobierno municipal haya aplicado las bonificaciones sobre el IBI a todo el término municipal. También señaló que, en base al valor catastral, en la etapa del gobierno socialista se bonificaba hasta en un 90 por ciento a las familias numerosas.
El Gobierno municipal aseguró “mirar por cada céntimo”, como explicó el portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, convencido de que el ciudadano percibe “una salida de la crisis y el camino correcto del equipo de Gobierno”, en su opinión, además de criticar “la falta de alternativas” del grupo socialista.
De un total de 44 ordenanzas (208 páginas), las enmiendas del PSOE se centran en cuatro, lo que a juicio del Gobierno pone de manifiesto el grado trabajo de unos y otros. “Frente al pesimismo, optimismo”, reivindicó Erdozain en alusión a las filas socialistas. Para el mismo, las ordenanzas son el fruto de “una buena gestión” y dijo que “ahora es el momento de los ciudadanos”.
Dentro del debate, los grupos votaron a favor de la ordenanza reguladora del comercio ambulante después de que el documento no haya recibido alegaciones y haya cumplido sus trámites legales. Erdozain desmintió al PSOE sobre la tasa por regularización de viviendas, para la cual el Ayuntamiento ha tomado como referencia la aplicada en Sanlúcar, municipio gobernado por el PSOE. La tasa del seis por ciento no es desorbitada para el equipo de Gobierno, que alude en este sentido a “la igualdad” entre las personas a la hora de tributar con justicia en el erario público.
El portavoz también desmintió que nunca ha asegurado que el coste del proceso de regularización de viviendas sería cero euros. En términos más prácticos, una vivienda de menos de 80 metros cuadrados pagaría menos de 3.000 euros. Erdozain también acusó al principal grupo opositor de “haber mirado para otro lado” con el asunto de viviendas ilegales durante su etapa de gobierno, y volvió a manifestar que “el Gobierno va por el buen camino”. El portavoz terminó asegurando que el PSOE subió el agua un 70 por ciento durante su mandato sin que, a cambio, consiguiera inversiones de mejora de la empresa concesionaria, entonces la compañía Gestagua. Ahora el Ayuntamiento recibirá 12 millones de euros por su acuerdo con el nuevo concesionario, Aqualia; dinero que, según Erdozain, “se encuentra en las calles y barriadas de Arcos”.
Desde las filas del PP, el portavoz Sebastián Ruiz dio la enhorabuena al alcalde por “conocer la realidad” y por su “compromiso con el ciudadano”. Igualmente, manifestó que el actual Gobierno ha logrado en dos años y medio bajar los impuestos, no así el anterior ejecutivo socialista durante ocho años. El mismo puso el acento en el objetivo de la bajada: reactivar la economía y el empleo, fomentando el comercio con la bajada en un 50 por ciento por ocupación de suelo en mercados de abasto, o rebajas muy importantes en el IBI para las familias numerosas sobre otras bonificaciones que ya disfrutaban. “Todos los ciudadanos nos han ayudado a hacer ese esfuerzo. El Ayuntamiento tenía 45 millones de euros de deuda, y hoy es uno de los ayuntamientos con mayor actividad en la provincia”, señaló Ruiz, quien enumeró los proyectos que ha presentado y presentará en breve el Gobierno como resultados de la gestión municipal, explicó. Después de desgranar las distintas rebajas fiscales anunciadas hace unas semanas, el portavoz del PP se ratificó en ese “esfuerzo” que ha provocado, por ejemplo, que Arcos aplique el impuesto de circulación de vehículos más bajos de la provincia de Cádiz.
Ruiz se detuvo en analizar la bajada en el impuesto de apertura que gozarán los negocios, ayudando así a la actividad empresarial en la localidad, además de rebajar en un 95 por ciento el IBI de las viviendas sociales después de que la Junta haya venido cobrando a los usuarios este impuesto sin repercutir en el Ayuntamiento, al que la institución autonómica debe actualmente un millón de euros. La segunda felicitación al alcalde fue por el proceso de regularización de viviendas ilegales y la aplicación de la tasa a este respecto. Asimismo, criticó que el PSOE no tomara partido durante ocho años en el problema de las viviendas ilegales y que ahora ponga reparos al proceso. Ruiz terminó pidiendo al PSOE que “ayude a los ciudadanos apoyando la bajada de impuestos”, así como desmintió la subida del agua en los términos en que denuncia el PSOE. A ello, el alcalde dio lectura de un comunicado de la empresa Aqualia en la que ésta rechaza la aplicación del canon autonómico de depuración porque la Junta no invierte euro alguno en infraestructuras y provoca un aumento en el recibo del agua. El alcalde también pediría al PSOE que “se suba al carro” del progreso de la ciudad, como también José Luis Núñez provocó la intervención del interventor para que éste asegurara que con la bajada de impuestos también bajan determinados ingresos.
En el turno de votaciones, los 14 votos a favor del equipo de Gobierno PP-Ai-Pro se impusieron frente a los cuatro del grupo socialista. Ven-T no participó en el Pleno.
La réplica
En el turno de réplicas, el grupo socialista insistió en que los impuestos suben generalmente teniendo en cuenta la subida del agua, y acusó en este sentido al equipo de Gobierno de “insensibilidad” ante la situación de las familias y de introducir una política fiscal “injusta”. Gambín terminó asegurando que los arcenses pagan más impuestos desde 2011, para lo que invitó a los ciudadanos “a hacer cuentas”.
Desde Ai-Pro, Erdozain insistió “la falta de alternativas y proyecto del PSOE”, al que le recriminó su discurso “negativo”. El portavoz del PP volvió a demandar a todos los grupos un esfuerzo común para salvar la situación económica del Ayuntamiento sin gravar a las familias. “En dos años hemos cambiado la gestión económica, resolviendo problemas, y no como el anterior gobierno socialista que creaba los problemas. Quedan otros dos años para cambiar Arcos, y haremos una apuesta decidida por ayudar a los empresarios y a las familias”.
Actas anteriores
Antes, en los prolegómenos de la sesión, el grupo socialista consiguió la retirada de las actas relativas al pleno en que se aprobó el plan de ajuste, donde ni el grupo votó a favor ni donde estuvieron todos los concejales que aparecen en la documentación del secretario municipal, obligado a rectificar en este sentido.
Adjudicación de la recogida de basuras y gestión de parques
Como segundo punto importante de la sesión, el equipo de Gobierno inició los trámites para la adjudicación de los servicios hasta ahora públicos de recogida de basuras y el mantenimiento de los grandes parques y jardines de la ciudad. El alcalde abriría el debate admitiendo que el Gobierno no está satisfecho con el servicio de recogida de basuras, entre otros motivos por su elevado coste frente al resultado, aunque quiso aclarar que los trabajadores serán absorbidos por la empresa que se haga con el servicio. En definitiva, se pretende mejorar el servicio y la imagen del mismo, dejándolo en manos de una empresa privada.
El PSOE comenzó pidiendo la retirada del punto al considerar que no ha tenido tiempo para estudiar la documentación y que ésta no fue presentada debidamente en la comisión informativa previa al pleno. Posteriormente, el propio secretario de la Corporación dio la razón al grupo opositor, aunque el punto no se retiró ante un posible acuerdo verbal previo.
El PSOE advirtió que el servicio costará al Ayuntamiento más de dos millones de euros anualmente, 1,8 para la recogida de basuras y el resto para la gestión de parques y jardines. La empresa tendrá que invertir 1,5 millones en maquinaria y transporte, y debe contar con una plantilla mínima de 35 trabajadores.
El grupo opositor aseguró que estos servicios se supeditan al grado de cumplimiento de pago del Ayuntamiento, aunque de antemano dejó clara que su postura es totalmente contraria a la privatización del servicio. Además, se teme que la plantilla para parques y jardines sea de apenas cinco trabajadores y que éstos sufran un recorte en sus derechos laborales.
Para Gambín, esta concesión supondrá “la ruina del Ayuntamiento” y “un sobrecosto que habrá que pagar a una empresa privada”. Asimismo, se cuestionó dónde está el ahorro con la nueva fórmula, ya que la empresa obtendría un seis por ciento anual de beneficio industrial que el Ayuntamiento se podría ahorrar, según el PSOE. Junto al IVA de la gestión supondrá en torno a 300.000 euros anuales sólo en recogida de basuras, según el PSOE. Sobre parques y jardines, señaló que el gasto se dispara para el Ayuntamiento. En resumen, al Ayuntamiento le costaría esta nueva política “500.000 euros más al año” respecto al gasto actual. Ya en su réplica, expresaría su temor ante una posible revisión de la ordenanza de la basura.
El portavoz de Ai-Pro señaló que la finalidad de la privatización es la mejora del servicio y su sostenibilidad financiera, aunque defendió que bajo el mandato de su partido con el PP la gestión sobre estos espacios públicos ha mejorado de forma importante. No obstante, admitió el mal estado de las infraestructuras del servicio de recogida de basuras, sobre todo el estado de deterioro de la flota de transporte.
Erdozain destacó que el cambio de servicio no significará modificación alguna sobre la tasa por recogida de basuras, con lo que intentó desmontar los argumentos del PSOE, al que acusó de falta de control sobre la empresa mixta Ecorreciclajes durante su mandato y de no presentar las cuentas. El grupo popular enumeró las deficiencias del actual servicio, como señaló Sebastián Ruiz, quien, en el contexto de una ciudad monumental, criticó el estado de los contenedores y la imagen pública del servicio. El mismo criticó la deuda en seguridad social dejada por Ecorreciclajes y pidió al PSOE que apoyara el punto en beneficio de los arcenses.
Tras la réplica del PSOE, el alcalde recordó que la mayoría de ciudades españolas ya está apostando por un servicio privado de recogida de basuras, con lo que quiso explicar que el modelo funciona.
Desde Ai-Pro se volvió a reprochar la gestión de los socialistas. Erdozain pidió incluso al alcalde que cerrara este asunto asegurando al ciudadano que no subirá la tasa por recogida de basuras con el nuevo servicio en manos de un privado.
El portavoz del PP terminó centrándose en la dudosa gestión económica del anterior gobierno sobre la desaparecida empresa Ecorreciclajes, y aludió a mejores tiempos para el servicio con la nueva empresa y a la tranquilidad de los ciudadanos como primeros beneficiarios de la nueva política del Gobierno en la gestión de parques y recogida de basuras.
