En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, se alegan los mismos motivos que justificaron negativas anteriores, entre otros, el riesgo de fuga, pese a llevar encarcelado más de tres años y medio.
El instructor también destaca que actualmente no se le puede conceder la libertad debido al momento procesal en el que se encuentra el procedimiento por “la inminencia de la conclusión de la instrucción”.
Uno de los fiscales Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, siempre se ha negado a su libertad al entenderla ajustada a Derecho.
En sus argumentos jurídicos recuerda que además de los posibles delitos por los que se le está investigando, ya ha sido condenado –si bien en resolución no firme– por un delito de malversación de caudales públicos.
La acusación pública mantiene que el imputado posee un papel determinante en un entramado societario que se estableció a través de coimputados en la causa para ocultar el ilícito patrimonio obtenido por él con sus actividades delictivas.
Según la versión del fiscal, canalizaba esos fondos en distintos ámbitos económicos: agrícola, ganadero, hotelero o inmobiliario.
Por todo ello, el ministerio público entiende que la prisión preventiva acordada resulta todavía necesaria dado el riesgo de fuga en virtud de la gravedad de las posibles penas.
El caso Malaya, que conllevó la disolución del consistorio de Marbella y la creación de una Comisión Gestora al ser encarcelada la cúpula del gobierno local encabezada por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, llevó a prisión a empresarios y políticos, entre ellos al ex regidor Julián Muñoz.
