La Junta archiva el expediente a Chaves por la subvención a Matsa

El Gobierno andaluz ha acordado no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que han dado lugar los escritos presentados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Según daba a conocer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Manuel Pérez Yruela, el acuerdo se ha adoptado a propuesta de la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no aprecia indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta.

La subvención a Matsa fue aprobada por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009 y ratificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009. Según ha alegado siempre el propio Chaves y también la Junta, la hija del ex presidente no participó en la tramitación del expediente y la primera vez que apareció su nombre fue un mes y medio después de esta resolución, cuando ella firmó, como apoderada de Matsa, el documento de aceptación de la subvención.

El pasado 22 de junio, el PP presentó ante el Consejo de Gobierno una denuncia en la que pedía que se iniciara un procedimiento sancionador contra el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al considerar que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por la subvención concedida a la empresa Matsa, donde trabaja su hija.

La denuncia fue presentada en la Casa Rosa por cinco diputados del PP-A, encabezados por su secretario general, Antonio Sanz, y fue posterior a la que presentó el sindicato Manos Limpias ante la sede de la Junta en parecidos términos.

En el escrito se consideraba que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Chaves que podría constituir una infracción “muy grave” cuya pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.