La alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Teófila Martínez, ha mostrado este viernes su "sorpresa" tras conocerse que el edil de su equipo de gobierno, diputado provincial y consejero del PP en el Consorcio, Ignacio Romaní, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por el juzgado encargado de la instrucción del 'caso Quality Food'. Ha dicho que no tienen constancia de tal imputación y ha asegurado, además, que mantiene "íntegra" la confianza en él porque, entre otras cosas, no tiene capacidad ejecutiva "individual" en el Comité Ejecutivo del Consorcio.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre este asunto, la regidora gaditana ha mostrado, en primer lugar, su "incredulidad" ante esta "posible imputación" porque, tal y como ha subrayado, Romaní "no toma decisiones salvo en el ámbito del órgano colegiado al que pertenece", el Comité Ejecutivo, "integrado por, al menos, otras seis personas", agrega.
Además, ha asegurado que como este órgano cuenta con la asesoría jurídica de la Abogacía del Estado, entiende que "nunca hubiera permitido la toma de decisiones contra la legalidad, porque están contratados y cobran para eso".
La alcaldesa considera además "grave" que Ignacio Romaní "no conozca, después de varios días, de lo que se está hablando", criticando que los procedimientos que se instruyen en los juzgados sean "filtrados". Al hilo, ha argumentado que una imputación "puede tener su origen en una denuncia de terceros", recordando que el caso tiene su origen en un pleito de la Zona Franca contra el propietario de la empresa de alimentación Quality Food, Manuel García Gallardo, así que entiende Martínez que la imputación de Romaní puede formar parte "de la estrategia de la defensa de Gallardo".
"ACTUAREMOS CONTRA QUIEN HAYA DENUNCIADO EN FALSO"
"Aceptando que todo el mundo tiene derecho a defenderse, digo que si tras la instrucción se confirma que no hay reproche a Romaní, cosa de la que estoy convencida, actuaremos contra quien haya denunciado en falso", ha enfatizado.
La alcaldesa gaditana ha dicho mostrarse igualmente "asombrada" cuando "se habla" de que el "posible" motivo de la imputación es por el acuerdo de compra de la empresa por parte de Zona Franca por un valor superior a los 5,6 millones de euros "para beneficiar a García Gallardo". Ante ello, ha recordado una sentencia "en firme" de septiembre de 2006 en la que se estipula su valor en 13 millones, cuestionándose entonces "¿donde está el sobrevalor?".
Así las cosas, ha subrayado que mantiene "íntegra" la confianza en Ignacio Romaní, al que ha definido como una persona "valiosísima en la defensa de los intereses de la ciudad", por lo que, según ha agregado, "va a seguir con todas sus responsabilidades".
Finalmente, ha criticado "a la oposición" por tener la "osadía" de pedir su dimisión "cuando tanto el PSOE como IU tienen también imputados".
