Eso es lo que apuntan las investigaciones de la Guardia Civil, cuyos agentes, en el marco de la "operación Arcos", han comenzado a primera hora de esta mañana a registrar el Ayuntamiento de este pequeño pueblo del interior de la Axarquía malagueña, además del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga, y una -la de un constructor- en la de Huelva.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas (los dueños de dos empresas -Crocasa S.L. y Alta Axarquía- y familiares) y un intermediario.
Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus "sospechas" de la existencia de una vinculación "excesivamente benefactora" del Ayuntamiento con Crocasa relacionada con una recalificación de suelo, y ya anunció que esos hechos los estaba investigando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.
La operación de la Guardia Civil, según el instituto armado, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la citada comarca malagueña.
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.
Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
La operación ha causado un gran revuelo en el municipio de Alcaucín, algunos de cuyos vecinos han proferido gritos de ánimo y apoyo al alcalde tanto a la salida de su vivienda, que ha sido también registrada, como a la llegada al Ayuntamiento.
Pero este supuesto nuevo caso de corrupción también ha provocado la reacción de la clase política. Y, la primera, la del PSOE de Málaga, que ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que expulsará a "los militantes que resulten imputados".
Además, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, ha asegurado que tendrán "tolerancia cero" con todo el que haya tenido que ver con hechos delictivos en Alcaucín y serán expulsados "automáticamente" los militantes que resulten imputados.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, también ha dicho, en relación con este caso, que espera que exista el máximo castigo para personas con conductas "tan deleznables".
Mientras, el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, ha dicho que teme que la corrupción que afecta al PSOE se extienda a otras localidades limítrofes a Alcaucín y ha exigido una aclaración "inmediata" para saber el grado de implicación de la Diputación.
Además, el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha denunciado que la corrupción en la Costa del Sol "lamentablemente se ha extendido al interior de la mano del PSOE".
La Diputación de Málaga se ha desvinculado hoy de las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil contra la corrupción urbanística en la propia institución y el Ayuntamiento de Alcaucín porque se investigan "actividades privadas".
