La Secretaría General de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, ha abierto expedientes sancionadores por "irregularidades" en la comercialización de participaciones preferentes a las entidades financieras Caixabank, Banca Cívica y Cajasol, unas infracciones catalogadas como "graves y muy graves" y que podrían oscilar entre los 5.001 y los 400.000 euros de sanción.
Según han indicado a Europa Press fuentes de la consejería del ramo, los posibles hechos infractores detectados tras el análisis de la documentación consisten en la ausencia y falta de aportación de documentación, o bien de la correspondiente firma, justificativa de la contratación realizada, de los test de conveniencia e idoneidad, y de las órdenes de compra de valores, además de la desatención a los requerimientos formulados por la inspección de Consumo.
Las citadas conductas pueden ser constitutivas de las siguientes infracciones contempladas en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: prestar servicios incumpliendo las condiciones que impongan las disposiciones de aplicación cuando puedan causar un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores; ofertar servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos; o incumplir las medidas o requerimientos adoptados por la Administración.
En este contexto, la Junta dirigió el pasado día 18 un escrito a todas las entidades financieras que le constan como reclamadas por comercializar participaciones preferentes instándolas a que aporten la documentación pertinente informando sobre este asunto, así como los documentos que acrediten que se han cumplido adecuadamente los deberes de información que la vigente legislación establece en relación con los cambios que puedan afectar a los productos de inversión comercializados, con independencia de que los clientes sean o no reclamantes.
En lo que se refiere a las acciones judiciales que pueda emprender la Junta, las citadas fuentes han explicado que desde la Secretaría General de Consumo se solicitó el pasado mes de octubre un informe facultativo al gabinete jurídico sobre la viabilidad y fundamentación jurídica del ejercicio de acciones en vía judicial en el caso de las participaciones preferentes.
En dicho informe se pone en conocimiento de las dificultades que entrañaría el ejercicio de la acción penal, y la viabilidad que cabe esperar del ejercicio de la acción civil individual por error en el consentimiento. Asimismo, se valora la posibilidad de que se ejercite la acción colectiva de cesación con la acumulación de la de nulidad y resarcimiento de los daños y perjuicios causados, haciendo especial hincapié en que ello daría lugar a que la cuantía del proceso se elevara, con lo que también lo sería la eventual condena en costas a la Administración.
En este sentido, y a la vista del contenido del informe, actualmente se está pendiente de que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales tome una decisión respecto a la iniciación de la vía judicial, según han precisado las citadas fuentes.
En cuanto a la posibilidad de instar un arbitraje de consumo, individual o colectivo, se ha dirigido escrito a las entidades financieras operantes en Andalucía que han sido objeto de reclamación planteándoles la conveniencia de aceptar esta vía extrajudicial de resolución de controversias.
SOLICITA UNA REUNIÓN CON CAIXABANK EL 8 DE ENERO
En concreto, y por lo que respecta al grupo financiero CaixaBank, la Secretaría General de Consumo lo ha emplazado a una reunión para tratar esta cuestión el próximo 8 de enero, quedando a la espera de respuesta por su parte. Cabe recordar que las reclamaciones en materia de participaciones preferentes dirigidas contra este grupo financiero representan más de un 80 por ciento del total de reclamaciones presentadas en 2012 por este asunto en Andalucía.
Otra vía de solución y posible recuperación del capital invertido por las personas consumidoras en la que está trabajando la Secretaría General de Consumo es la mediación en consumo. A este respecto, se está contando con el asesoramiento experto de la Fundación Pública Mediara para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía, que se ha comprometido a proporcionar un listado de entidades y personas plenamente capacitadas para llevar a cabo una mediación en la materia.
Con ello se pretende abrir otro camino que haga posible la satisfacción en la medida de lo posible de las legítimas pretensiones de las personas que invirtieron sus ahorros en este producto financiero.
Finalmente, se solicita, respecto de aquellas quejas, reclamaciones y denuncias presentadas por personas consumidoras y usuarias que obren en poder de esa Institución en relación con la venta irregular de participaciones preferentes, que comunique a las personas afectadas por las mismas la conveniencia de que las presenten formalmente en los servicios de consumo provinciales para que puedan ser tenidas en cuenta en el marco de actuaciones desarrolladas por esta Administración de Consumo.
