La actividad de los grupos de interés en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 9.000 organizaciones operando en el país y previsiones de alcanzar los 5.000 profesionales activos en 2030. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, el lobby sigue sin requerir formación obligatoria, lo que plantea un riesgo para la transparencia y la calidad del proceso normativo.
El segundo análisis sectorial del Instituto Coordenadas para la Economía y la Gobernanza Aplicada destaca que, en países como Estados Unidos, varios estados han implementado requisitos de capacitación obligatoria para los lobistas. En California, por ejemplo, deben realizar un curso de ética legislativa cada dos años; en Nueva York, la formación se extiende incluso a sus clientes. Estas medidas buscan garantizar que quienes influyen en las decisiones políticas lo hagan con un conocimiento adecuado de las normas de buen gobierno y los principios éticos.
En España, sectores como la banca, la protección de datos y la prevención del blanqueo de capitales ya han incorporado requisitos formativos específicos. Sin embargo, los grupos de interés siguen operando sin estándares profesionales definidos. Según el informe del Instituto Coordenadas, la ausencia de formación en el sector contribuye a la falta de confianza ciudadana en el lobby, con ingerencia de actores no deseados, especialmente en un contexto donde recientes escándalos de corrupción han puesto en duda la relación entre el poder político y los intereses privados.
Los expertos advierten que la regulación del lobby no puede limitarse a registros y códigos de conducta. La implantación de un programa formativo estructurado permitiría fortalecer la profesionalización del sector, estableciendo conocimientos mínimos en normativas de transparencia, procesos regulatorios y gestión de conflictos de interés para que el dialogo con los funcionarios se haga desde niveles formativos equilibrados.
El Instituto Coordenadas indica que España tiene la oportunidad de alinear su legislación con los estándares internacionales más avanzados. Incorporar la formación obligatoria para los grupos de interés no solo ayudaría a legitimar su papel dentro del proceso democrático, sino que también contribuiría a prevenir malas prácticas y reforzar la confianza pública en las instituciones.
Añade que los expertos en asuntos públicos y diplomacia institucional y las cupulas del Ibex-35 demandan oferta de formación superior especializada para sus equipos, y un mercado de oferta de profesionales especializados que actualmente es muy escasa en España. Asimismo, señala que estas mismas fuentes aplauden la iniciativa de la Universidad Nebrija con el lanzamiento del AP Institute, el nuevo centro universitario de formación de lideres en asuntos públicos; que seguirá el modelo de las grandes universidades estadounidenses con sus programas Master Public Affairs (MPA) y escuelas de gobierno como la Universidad de Harvard con el Kennedy School, como publica Servimedia.
Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, evalúa muy positivamente la evolución del sector en este segundo análisis y remarca que “es muy posible que superemos nuestra estimación de llegar a 5.000 empleos especializados en asuntos públicos en el 2030 en nuestro país, y siempre con niveles de dirección y sueldos de 6 cifras. La exigencia de formación y actualización es un requisito de doble fin: la dignidad del conocimiento y la utilidad al interés general".
