Las universidades públicas rozan ya el 100 % de transparencia en cuanto a publicación de información, datos de investigación o rendición de cuentas, mientras que en las privadas solo un 20 % cumple con estos requisitos y la mayoría oculta información relevante como su titularidad o su evolución económica.
Así lo recoge el duodécimo informe ‘Examen de transparencia’ de la Fundación Haz (antes denominada Compromiso y Transparencia) y que señala que "la distancia en los grados de transparencia de las universidades privadas en relación con las universidades públicas se agranda cada año".
El estudio, difundido este jueves, indica que 47 de las 49 universidades públicas obtienen la calificación de transparentes y tan solo dos la categoría de translúcidas, mientras que en el ámbito privado solo cinco universidades de un total de 26 analizadas llegan al máximo estándar.
El resto de universidades privadas no obtiene el grado de cumplimiento mínimo para ser calificada de transparente.
El informe evalúa hasta 31 indicadores de información relevantes para los grupos de interés de las universidades españolas, como la información económica, la titularidad, el funcionamiento de los órganos de gobierno o sus resultados.
En 2024, el 96 % de las universidades públicas se muestran transparentes y este dato supone el mejor resultado desde la elaboración de este informe. En el grupo de las universidades privadas, el 46 % son translúcidas y el 35 % opacas.
Opacidad en la información económica de las privadas
La información económica es una de las áreas en la que más distancia hay en la transparencia de la universidad pública y la privada, ya que mientras el 99 % de centros públicos informa sobre ello, en los privados solo lo hace el 27 %.
El 35 % de las universidades privadas publica el presupuesto y los estados financieros en sus páginas web, el 23 % el informe de la auditoría externa y el 15 % la memoria de cuentas anuales, señala el estudio que critica que "persistan otras graves deficiencias" como la de no dar a conocer las titularidades de los centros privados.
"Conocer el titular resulta relevante, especialmente en aquellos casos en los que el principal accionista es un fondo de inversión. Porque teóricamente no hay nada que objetar a que los fondos de inversión entren en el capital de las universidades privadas, pero hay que ser conscientes de que priorizarán siempre la rentabilidad", afirma Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del informe.
No obstante, en las privadas se han registrado avances sobre la información de sus planes estratégicos, que cumplen el 100 %, y sobre la información en cuanto a la 'Oferta y demanda académica', cuyo cumplimiento se ha incrementado del 58 % al 66 %.
Los riesgos de los fondos de inversión en la universidad
El informe alerta de que la entrada de un fondo de inversión en el capital de una universidad privada "puede generar varios conflictos" como un cambio en la misión educativa o "en los valores tradicionales de la universidad".
La presencia de inversores externos puede reducir la autonomía de la universidad al querer influir en las decisiones estratégicas, avisa el análisis, que incide en que la calidad educativa se puede ver mermada si "el enfoque en la rentabilidad conlleva recortes en áreas que no generan ingresos directos".
Las mejoras de transparencia de la pública
Por otra parte, las universidades públicas han mejorado en la publicación de información relevante en sus portales web y el análisis destaca el progreso en la rendición de cuentas de los consejos sociales, al informar públicamente sobre la asistencia de sus miembros a las reuniones, o sobre las prácticas de autoevaluación del desempeño que han llevado a cabo.
También, siete de cada diez universidades públicas cumple en mayor o menor medida el indicador de 'Deberes de diligencia y lealtad'
En esta edición se ha evaluado el área 'Ética y compliance' o cumplimiento normativo, ya que la nueva Ley de Universidades atribuye a los consejos sociales la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los principios éticos y la integridad académica.
En este aspecto, mientras casi ocho de cada diez universidades públicas cuenta con un código ético y tiene algún canal de consultas o de denuncias, ninguna universidad ha constituido un órgano de cumplimiento normativo que dependa del consejo social.
La publicación de información sobre el plan estratégico de la universidad, sobre su personal -incluyendo las bandas salariales-, sobre la composición del órgano de gobierno, sobre los estatutos o sobre las fundaciones, empresas y otras entidades que dependen de la universidad así como sobre la oferta y demanda académica y el rendimiento o su impacto en el mercado laboral, se cumple en todas las universidades de ámbito estatal.
