Éste es uno de los siete puntos que figura en el orden del día de la reunión del Consejo del Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tendrá lugar a las 17.00 horas en Madrid, y a la que asistirán los responsables autonómicos de Economía.
Un día antes a la misma hora y en el mismo lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda, tendrá lugar una jornada de trabajo preparatoria del pleno del CPFF, en la que también estará presente un representante de cada autonomía.
En la reunión del miércoles se analizarán, entre otras cosas, una propuesta sobre la idoneidad de las medidas contenidas en los planes económicos-financieros de reequilibrio presentados por las comunidades autónomas.
También se dará a conocer un estudio del Ministerio de Economía sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades y de las autorizaciones de operaciones de endeudamiento tramitadas durante el segundo semestre de 2010.
Antes del turno de ruegos y preguntas, Economía informará a los consejeros de los programas de inversiones presentados para 2011 por las comunidades autónomas y si los autoriza.
Algunas comunidades del PP, como Madrid, ya han avanzado que expondrán en la reunión que las previsiones de crecimiento "irreales" con las que el Ministerio acudirá al CPFF "complicarán" el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades para los próximos años.
Por ello, en el caso del consejero madrileño de Economía, Antonio Beteta, pedirá a la ministra que revise su "permanente tendencia al optimismo" a la hora de prever los crecimientos del PIB y que sea más transparente la aplicación del sistema de financiación autonómica.
También exigirá a Salgado que se abone a las comunidades autónomas los recursos comprometidos en los acuerdos y leyes reguladoras de la financiación autonómica, y que se adopten las reformas estructurales oportunas que lleven a un adecuado nivel del gasto público.
Según informa la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional apoya las políticas de estabilidad presupuestaria y de control del gasto a las comunidades.
Por ello, exigirá un gran pacto nacional que fije a las comunidades por ley un techo de gasto ligado al potencial crecimiento de la economía a medio plazo, de forma que cuando se crezca por encima se puedan generar reservas para emplear cuando la economía se desacelere.
