Los futuros presupuestos de 2025 incorporarán una 'dimensión marrón' de alineamiento con la transición ecológica, un informe con el que el Gobierno quiere garantizar que el conjunto de las cuentas están orientadas a ese objetivo, como ya se hace con la Agenda 2030, el impacto de género o el reto demográfico.
Tal y como avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el BOE ha publicado este jueves la orden ministerial con las normas para la elaboración de los presupuestos del próximo año, un trámite previo que constituye el "pistoletazo de salida" para las nuevas cuentas.
Los futuros presupuestos, detalla la orden, se enmarcan en un momento de bonanza económica, aunque todavía bajo el riesgo derivado de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, y serán los primeros que incorporen las nuevas reglas fiscales europeas que sitúan la senda de gasto neto como norma principal.
"Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 darán continuidad a la política económica responsable y coherente que ha desarrollado el Gobierno en estos años", asegura, centrada en la reindustrialización estratégica y el refuerzo del Estado del bienestar, al tiempo que incorporarán las recomendaciones de las sucesivas revisiones del gasto público realizadas por la AIReF.
Estas orientaciones generales tendrán que respetarse en las propuestas de necesidades que los diferentes centros gestores tendrán que elaborar antes del 8 de julio, para que después Hacienda confeccione el proyecto presupuestario que llevará al Consejo de Ministros y, posteriormente, a las Cortes.
La orden también especifica qué criterios tendrán prioridad a la hora de asignar los recursos, entre los que destaca finalizar el proceso de modernización del tejido productivo asociado a los fondos europeos, con el despliegue de la adenda del Plan de Recuperación y los proyectos estratégicos.
También se destaca la transición ecológica, con medidas para descarbonizar la economía con una transición industrial verde; la apuesta por la ciencia, "mejorando las condiciones de trabajo de los investigadores", o el fomento de un sector primario moderno con ayudas a la innovación en el mundo rural.
Otros criterios prioritarios son asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas, incrementar el parque público de vivienda, facilitar el acceso al vehículo eléctrico y el transporte ferroviario o reforzar la política de empleo.
