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Martes 16/04/2024  

Ronda

Ronda perderá 2 millones de euros "por el techo de gasto" y el PSOE culpa a la alcaldesa

El PSOE critica a la alcaldesa, María de la Paz Fernández, y se pregunta "¿ante este atropello qué hace la señora Fernández? Absolutamente nada"

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  • La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández. -

El portavoz del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro, ha cifrado en 2 millones de euros el dinero que el Ayuntamiento de Ronda va a perder tras la negativa del PP en el Senado a aumentar el techo de gasto. Según Cañestro, "la decisión del Partido Popular y del señor Feijóo de votar en contra de la senda de gastos va a provocar que Ronda deje de percibir más de dos millones de euros". El portavoz socialista critica a la alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato, y se pregunta "¿ante este atropello qué hace la señora Fernández? Absolutamente nada, a pesar de que los rondeños y las rondeñas vamos a tener menos servicios y menos inversiones".

"Esta es la política del Partido Popular con los ayuntamientos" apostilla Cañestro.

El rechazo del PP tendrá consecuencias directas en el presupuesto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, muchos de los cuales están bajo su gobierno.

Desde el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez y con María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, se ha criticado esta decisión del PP, calificándola de contraproducente, pues "rechazar la senda de déficit" limitará los recursos disponibles para servicios esenciales, impactando negativamente en la vida de los ciudadanos.

La negativa del PP en el Senado obligará al Gobierno a adoptar una postura más rigurosa con las comunidades autónomas, basándose en la senda de déficit enviada a Bruselas en abril, que aunque mantiene el objetivo de un 3% de déficit público para 2024, resulta ser más exigente en su distribución. Esta rigidez se traduce en una pérdida aproximada de 1.000 millones de euros para las comunidades autónomas, afectando especialmente a aquellas bajo el mandato del PP, lo que ha sido interpretado por Montero como un acto "incomprensible" que perjudica directamente a los beneficiarios de los servicios públicos.

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