Según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces en el día de ayer, el Consejo adoptó esta decisión en la reunión de su Comisión Permanente del pasado martes.
Los integrantes de la comisión permanente decidieron, por unanimidad, que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, puede “abordar este asunto mediante la resolución jurisdiccional que proceda dentro de la causa”, así como dirigirse al citado embajador si así lo considera oportuno.
Puyol se dirigió al CGPJ por considerar que el tono intimidatorio de la misiva -en la que el embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, asegura que el actor podría demandar a los responsables de hacer pública su imputación en el citado caso de corrupción urbanística- podría ser “un atentado a la independencia de un órgano judicial”.
La carta remitida por Paxman al juez indicaba que “Sir Sean ha manifestado que la mera revelación pública de estos supuestos procedimientos penales no sólo afecta a su imagen pública, sino también le causa un perjuicio financiero notable, evidente y cuantificable”, anunciando que el actor “se reserva el derecho de poner una demanda contra las personas responsables”.
