Maeztu pide cambios para blindar la escuela rural, vital para combatir la desopblación

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado por mantener y promocionar las escuelas rurales como un servicio público elemental para luchar contra la despoblación y ha apuntado una veintena de cambios sobre cupos, sueldo o TIC.

Lo ha hecho en una jornada que se celebra este jueves en el Palacio de Carlos V de la Alhambra dedicada a analizar los retos y las propuestas de la atención educativa en los colegios públicos rurales de Andalucía y que se apoya en un informe especial elaborado por la institución con visitas y cuestionarios.

En Andalucía existen 106 centros, con 346 sedes, y en un 95 % de las familias vinculadas a la escuela rural, el grado de satisfacción oscila entre bueno y muy bueno.

"Los medios rurales deben tener los servicios públicos mínimos para que pueda vivir la ciudadanía, en un entorno más agradable y placentero. Completamos este análisis con los servicios sanitarios elementales, pero la educación es la palanca transformadora de la sociedad", ha apuntado el Defensor de la Infancia.

Maeztu ha señalado que el informe aporta una veintena de recomendaciones como la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales (CPR) para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades.

Entre esas cambios se apunta el número mínimo de matrículas o los servicios educativos complementarios, desde el aula matinal y el comedor, al transporte escolar, que son "muy escasos".

El Defensor de la Infancia propone un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles, además de reclamar mejores condiciones técnicas.

También ha interesado medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad y un reconocimiento a los profesionales de estos centros, incluso con incentivos económicos.