La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un año de prisión y a cuatro años y seis meses de inhabilitación al exalcalde de Oria José Pérez después de que reconociera haberse quedado con 9.500 euros de la fianza por la adjudicación del bar-restaurante de la piscina municipal, cuya adjudicación se hizo de forma directa y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
El acusado ha reconocido los hechos después de que la Fiscalía modificara su escrito provisional de conclusiones y rebajara sus peticiones iniciales de 20 años de inhabilitación y seis años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al tiempo que ha apreciado la existencia de dilaciones indebidas "muy cualificadas" en el procedimiento ante unos hechos que tuvieron lugar en 2004.
La acusación se ha adherido a la petición del Ministerio Público que también ha interesado la suspensión del ingreso en prisión, lo que ha sido concedido por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir en los próximos dos años y se haga cargo de la responsabilidad civil, que ha quedado asegurada mediante pieza de embargo. En el mismo acto de juicio se ha declarado la firmeza del fallo.
El exalcalde, regidor entre 2007 y 2015 con el PSOE, ha reconocido el relato de los hechos apuntado por la Fiscalía, quien lo acusaba de haberse quedado los 9.500 euros que recibió de la persona que consiguió irregularmente la explotación del establecimiento en lugar de ingresarla en las arcas municipales, de modo que posteriormente trató de legalizar el proceso de adjudicación.
En concreto, el acusado adjudicó de forma directa, mediante un acuerdo verbal y prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido la explotación del bar-restaurante de titularidad municipal de la piscina y lo hizo sabiendo que esto era contrario a derecho.
Así, un mes después, José Pérez intentó revestir de apariencia legal la adjudicación, para lo que aprobó un pliego de cláusulas por resolución de Alcaldía y emitió un bando publicitando la adjudicación y recepción de una serie de proposiciones económicas. No obstante, no llegó a tramitarse el expediente administrativo en su totalidad puesto que ni se formalizó la adjudicación, ni se procedió a la publicación de la misma.
Días después de esto, en su condición de alcalde y en ejercicio de sus funciones públicas, recibió del adjudicatario la cantidad de 9.500 euros en efectivo en concepto de fianza que, con la intención de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, se quedó para sí en lugar de ingresarla en las arcas municipales.
