La organización ecologista Greenpeace ha celebrado el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), relativo al futuro derribo del hotel construido por Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), si bien ha indicado que teme que se trate sólo de una medida de "postureo ambiental".
Así lo ha indicado el colectivo en una nota tras el anuncio realizado hoy por Moreno, que ubica la demolición para el año que viene, insistiendo en que existen "más de dos docenas de pronunciamientos judiciales que señalan que el hotel es ilegal y que no puede ser legalizado en modo alguno".
Sin embargo, Greenpeace espera que el hotel ilegal no sea utilizado como una "gran herramienta" de "lavado verde" de la Junta de Andalucía, mientras "destruye leyes ambientales" y autoriza otros hoteles similares como en los Genoveses (Níjar, Almería), Nerja (Málaga) o El Palmar (Vejer, Cádiz).
"Tras más de una década de sentencias declarando la ilegalidad del hotel, esperamos que, finalmente, la demolición se lleve a cabo, pero no es suficiente para lavarle la cara a las innumerables malas prácticas ambientales de la Junta de Andalucía", ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad en Greenpeace España.
Los ecologistas han apuntado que durante la pasada primavera el Gobierno andaluz anunció un paquete de medidas que "pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales, bajo la excusa de simplificar trabas burocráticas".
En total, se agilizan los procesos de 21 leyes y 6 decretos que entienden que el medio natural es una "molestia", "priorizando el beneficio de unos pocos sobre interés general", han aseverado.
Para Greenpeace, desde que la Junta de Andalucía anunciara, en la pasada cumbre del clima celebrada en Madrid, una "revolución verde", el Gobierno andaluz ha dado muestra de una serie de "contradicciones" que califican como "postureo ambiental".
Por ello, temen que este derribo sea un "icono para intentar tapar el atropello administrativo que supone el decretazo", que va a posibilitar la "proliferación" de un desarrollo urbanístico desaforado, como los que ya se vienen dando en Los Genoveses o Nerja, en una costa que ya cuenta con el 15,4% de su superficie "degradada".
Por último, la organización ecologista entiende que la administración andaluza se coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente para que no se "invadan" competencias, ya que, según está recogido en el BOE, la demolición del hotel y el desescombro corresponden a la Administración General del Estado y la restauración ambiental a la Junta de Andalucía.
