La Fiscalía de Almería ha formulado acusación contra el matrimonio formado por M.T.S.S. y L.G.M. por crear presuntamente un "entramado" de empresas para obtener subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación y su abono de "manera mendaz", "sin cumplir" con el posterior compromiso de contratación de los alumnos, requisito "imprescindible" para optar a esas ayudas.
Ambos, administradores de derecho y de hecho de Hostelería y Formación Indalo SL e Indalo Formación y Empleo, en esta última junto a su hija, se enfrentan a presuntos delitos continuados de fraude en subvenciones y falsedad en documento oficial en dos procedimientos distintos, uno por cada una de las mercantiles con las que defraudaron supuestamente a la Junta cuantías de 162.480 y 162.480 euros, respectivamente.
Según se recoge en el último escrito de calificación provisional, elevado al Juzgado de Instrucción 6 de Almería y al que ha tenido acceso Europa Press, M.T.S.S. y L.G.M. actuaron con "intención de obtener un ilícito beneficio" y habrían creado en el segundo semestre de 2010 Hostelería y Formación Indalo SL, e Indalo Formación y Empleo "exprofeso" para la obtención de subvenciones, "sin otro objetivo de índole mercantil, incumpliendo en este sentido la normativa establecida a tal efecto".
Así, "siguiendo el plan establecido", con la primera presentaron la correspondiente solicitud para la obtención de la subvención al amparo de la orden de 23 de octubre de 2009 y lograron una resolución favorable con compromiso de contratación por la cuantía de 162.480 euros para cursos de cocina y de servicios de bar y cafetería, que fueron impartidos en 2011.
El Ministerio Público sostiene que para crear una "apariencia de verosimilitud" en el cumplimiento de las condiciones exigidas para disponer de la subvención el matrimonio se concertó con el hermano de él, A.G.G.M., y con M.J.S.N., acusados los dos en ambos procedimientos penales, así como con R.C.G.
RESTAURANTE 'CASA RAFAEL'
Este último, como propietario del restaurante 'Casa Rafael', habría alquilado las instalaciones de su establecimiento por 17.700 euros y percibido en concepto de docencia 32.999,42 euros por el primer curso y 14.419,70 por el segundo. Sin embargo, según se precisa en el escrito, en el primero, "sólo pagó a profesores en concepto de docencia 7.470 euros por 498 horas impartidas, el 60 por ciento del curso, quedándose el resto de dinero para si".
Por el segundo curso, R.C.G. se "quedó para sí los 14.419,70 euros, facturando como profesor 222 horas por 9.109,03 euros cuando no impartió clases y facturando un total de 5.310,67 euros por 151 horas impartidas por un profesor que sí participó como formador en el curso pero, al ser empleado de Casa Rafael, no cobró por ello nada más allá de su nómina habitual pese a que incremento su horario laboral para dar las clases".
Con respecto a A.G.G.M., la Fiscalía centra su participación en que facturó supuestamente como profesor en el curso de cafetería un total de 117 horas por importe de 5.850 euros "cuando no había impartido ninguna clase como profesor" y con respecto a M.J.S.N. asegura que, como administrativa de la empresa, "tuvo una activa participación en la presentación de las falsas ofertas de trabajo a los alumnos, aparentando que los alumnos rechazaban la oferta laboral y que se negaban a firmar dicha renuncia".
Dichos documentos de negativa o renuncia fueron incorporados al expediente administrativo con el fin de justificar el incumplimiento del requisito de compromiso de contratación, apuntilla el Ministerio Público.
El escrito detalla, asimismo, que "todos los acusados" habrían acordado aportar en el correspondiente expediente administrativo documentación de A.G.G.M. como profesor de uno de los cursos "cuando no había desarrollado actividad docente alguna" y también numerosos documentos, al menos 35, "en los que habían sido falsificadas las firmas de terceros a quienes habían hecho constar como profesores y como que habían facturado sus servicios cuando no habían tenido participación alguna".
Por último, entre los hechos supuestamente delictivos investigados en esta causa, el fiscal señala que, al requerir el Servicio de Formación para el Empleo a Hostelería y Formación Indalo Sl que presentaran los tres presupuestos de docencia preceptivos, "se presentaron en el expediente otros dos presupuestos de superior cuantía de las empresas Escuela de Cocina Veleta SL y Sierra Nevada Centro de Formación SL, dirigidas por M.T.S.S. con la finalidad de que fuesen aceptados cuando era imposible que se realizaran en estas empresas al tener su sede en Granada".
EJIDO HOTEL
El matrimonio formado por M.T.S.S. y L.G.M., así como A.G.G.M. y M.J.S.N., están también procesados en un segundo procedimiento penal por subvenciones concedidas a la mercantil Indalo Formación y Empleo SL junto a la hija de los primeros M.T.G.S., quien figuraba como administradora única, y el gerente de Ejido Hotel, P.C.P.
En este caso, según consta en el escrito de calificación provisional elevado al Juzgado de Instrucción 5 de Almería y al que ha tenido acceso Europa Press, presentaron la solicitud de subvención, que le fue concedida al amparo de la orden de 23 de octubre de 2009 con compromiso de contratación y por la cuantía de 162.480 euros para cursos de cocina y de servicios de bar y cafetería, que fueron impartidos durante el año 2011.
Con el mismo 'modus operandi', para estos habría acordado con el gerente de Ejido Hotel, por un lado, el alquiler de las instalaciones por 17.000 euros para el primero de los cursos y por 10.624 euros para el segundo, "precios muy elevados en comparación con los del mercado pero que fueron presentados como normales en el correspondiente expediente administrativo".
También se contrataron presuntamente como profesores para ambos varios trabajadores del hotel "sin percibir remuneración por ello a nivel personal" si bien dicha remuneración fue facturada a favor de Ejido Hotel, "llegándose a presentar incluso facturas falsas en las que contaba la firma de su perceptor cuando en realidad ni siquiera tenía conocimiento de ellas".
Para los procesados en ambas causas penales, los principales como autores y el resto como cooperadores necesarios, el Ministerio Público interesa sendas penas de dos años y seis meses de prisión por cada uno de los delitos y que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con las cantidades presuntamente defraudadas.
Asimismo, interesa multas de 300.000 y 600.000 euros y la pérdida del derecho de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por periodo de cinco años por el delito de fraude, mientras que por el delito de falsedad en documento oficial pide multas de 12 meses a razón de 12 y de 56 euros al día.
HASTA 16 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS
Cabe destacar que hasta el momento ha trascendido el archivo de al menos siete procedimientos de los 16 en los que fue dividida la causa y que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería. La división llegó después de que Juzgado de Instrucción 4 de Almería resolviese en abril de 2015 que procedía desgajarla en 16 procedimientos, uno por cada empresa investigada, y dar traslado al Decanato para su reparto.
Asimismo, se han hecho públicas tres acusaciones, entre ellas la que solicita dos años y tres meses de prisión para el administrador de la mercantil Abakan Formación SL por, entre otras actuaciones, alterar supuestamente los partes de asistencia para no perder casi 90.000 euros concedidos para el curso 'Técnicos de Sistemas Microinformáticos".
Los archivos corresponden a Centro de Estudios Andarax SL, Inmecamar SLP, Profesional de Salvamento y Socorrismo SL, Sicma Andalucía SL, Infocentro SL, Granaforma SL y Aplinfo Almería SL.
