El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido la "dimisión inmediata" del alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), tras conocerse que el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad ha acordado que vaya a juicio al estimar que resulta indiciariamente acreditado que pudo incurrir como cooperador necesario en un delito en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable y en la que participó una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.
Ante esto, Heredia ha sostenido que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, no puede "mirar para otro lado con la táctica del avestruz; no queriendo ver el problema". "El que la haga, la pague", ha incidido el socialista, quien ha reiterado que Góngora "no puede seguir ni un minuto más por decencia democrática".
Así, ha manifestado en rueda de prensa en Málaga que las "excusas" de Góngora "no son creíbles", considerando que son únicamente para "seguir aferrándose al cargo"; de ahí que haya reclamado al líder de los 'populares' andaluces que "tome cartas en el asunto de forma inmediata".
"Respetamos la presunción de inocencia", ha apuntado, añadiendo que el regidor de El Ejido debe "olvidarse de su orgullo e intereses personales y dimitir de forma inmediata". "Si se niega a hacerlo que el PP-A se pronuncie y diga qué piensa hacer", ha finalizado Heredia.
En el auto, que fue dictado el pasado día 1 y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora Juana María Gómez, atribuye a Góngora la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y de un delito contra la Hacienda Pública, y da traslado a las partes personadas, entre ellas la Agencia Tributaria (AEAT), para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
La magistrada acuerda el procesamiento, asimismo, del hermano del alcalde, José Gabriel Góngora, su padre, G.G., y su socio S.L.P., así como de A.G.M., administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica por unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2007 en el marco de una causa iniciada a raíz de la denuncia que, en 2011, presentó el PAL fundado por el también procesado exregidor Juan Enciso.
