El Colegio de Abogados de Almería va a iniciar movilizaciones ante la "grave situación" en la que ha puesto a la abogacía las últimas leyes promovidas por el ejecutivo que preside Mariano Rajoy y ha aprobado en junta de gobierno medidas de protesta que darán comienzo el lunes con un concentración con toga en la Ciudad de la Justicia.
Entre las citadas medidas, se incluye suspensión del servicio de letrados de guardia adscritos a los juzgados de Almería, "eliminando del sistema de avisos automático al letrado que ocupa el lugar quinto en los listados de guardia todos los lunes", así como la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica "el primer y tercer lunes de cada mes", por lo que no se atenderá a nadie en este servicio, en los días indicados, "salvo los asuntos con plazo".
En un comunicado, el órgano colegial señala que alguna de las medidas va tener "carácter meramente testimonial" y lo justifica en que el objetivo es que se "oiga la voz de la abogacía y al mismo tiempo no perjudicar los derechos ni de los ciudadanos ni de los abogados lo que se produciría con suspensiones de los servicios de asistencia jurídica gratuita con carácter generalizado u otras medidas más contundentes".
Arguye que la actividad legislativa del Gobierno y, de la que es "ejemplo paradigmático la denostada" según remarcan, Ley de Tasas Judiciales, que ha supuesto una "drástica disminución" de los asuntos judiciales, está afectando" gravemente a la abogacía y al trabajo y nivel de ingresos de los colegiados".
Sostiene que hay otras leyes actualmente en elaboración que pueden seguir afectando "negativamente" a la profesión como son la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, entre otras, que, "además si salen adelante con la redacción actual pueden llegar a hacer que desaparezcan los colegios profesionales y cambie la forma de ejercicio de la abogacía como lo venimos entendiendo".
"Esto hace insostenible que muchos compañeros puedan seguir manteniéndose, además de suponer un grave perjuicio para los ciudadanos que verán disminuido su derecho fundamental de defensa y acceso a la justicia", concluye la junta de gobierno.
