El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha admitido que Andalucía no se enfrenta ya a una tercera ola de coronavirus, sino a un auténtico tsunami de consecuencias devastadoras. La Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias ha advertido de que el porcentaje de pacientes diagnosticados de Covid que requieren ingreso en las UCI de la región se ha incrementado un 60% este mes de enero.
Justo este sábado, la provincia de Cádiz ha alcanzado el máximo de infectados ingresados desde el inicio de la pandemia, 668, de los que 76 precisan de cuidados intensivos. La presión hospitalaria ha llevado a la Junta a habilitar nuevas plantas Covid en el Hospital de San Carlos, en San Fernando, a donde se derivarán contagiados del Campo de Gibraltar, mientras que la diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha pedido esta semana a la Administración autonómica que habilite ya el hospital comarcal de Vejer para que pueda acoger a pacientes de la comarca y evitar así el desvío de pacientes a centros hospitalarios de la capital que ya están colapsados.
Por su parte, en la Sierra, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, reclama información sobre los recursos sanitarios disponibles. “La Junta se conduce con un hermetismo total”, lamenta. “He preguntado a la delegada territorial (Isabel Paredes) por el número de camas disponibles en el Hospital de Villamartín, tanto en planta como en UCI, la cantidad de respiradores, los detalles del plan de contigencia, en definitiva, pero no hemos tenido respuesta”.
Patricia Cavada, primera edil de San Fernando, coincide en la necesidad de disponer de “información veraz” por parte del Gobierno regional sobre la evolución de la pandemia, datos, herramientas y consecuencias, algo que ha solicitado desde el inicio de la crisis, en marzo pasado, pero que es especialmente importante ahora, y advierte de que “somos los alcaldes y alcaldesas los que recibimos las preguntas al respecto y los que asumimos la responsabilidad de unas competencias sobre política sanitaria que no tenemos, sin coordinación”.
“Hasta la fecha, los alcaldes y alcaldesas leemos en la web oficial información, la misma que tiene cualquier ciudadano de a pie, y con esa información acudimos al BOJA. Pero realmente no existe una interlocución permanente, rápida, a pesar de que necesitamos esa información para actuar”, añade.
Por ello, propone mejorar la comunicación. “Si hubiera una coordinación permanente, reuniones para hacer más clara esa interlocución y ese trabajo conjunto, si tuviéramos información más clara, seguramente actuaríamos de una manera más eficiente y atajaríamos mucho más esta situación dentro de lo que nos permiten y nos dejan hacer nuestras competencias locales”, explica, remarcando que, hasta ahora, “las reuniones han sido muy contadas, y sí, podemos llamar a la delegada de Salud ante algunas dudas concretas, pero hay muchos aspectos que no se trabajan en el ámbito en el que se deberían”.
El llamamiento de Cavada cobra mayor importancia cuando, lejos de haber alcanzado el pico, la próxima semana podrían ser 33 los municipios gaditanos que se encuentren en situación de cierre perimetral a partir del miércoles, de los cuales 12 lo harán en nivel 4 grado 2, por superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes (Los Barrios, Castellar, Jimena, San Martín del Tesorillo, La Línea, San Roque, Jerez, San José del Valle, Trebujena, Prado del Rey, Setenil y el propio San Fernando) y tendrán que suspender toda actividad no esencial. “Lo que pedimos es saber realmente cuál es la situación para tener claro donde hay que actuar y en qué medida hacerlo”, insiste. Mientras, el número dos de su Gobierno, Conrado Rodríguez, reclamó a la Junta más diligencia para atajar los focos de coronavirus en las residencias de mayores y mayor atención a la situación en los colegios e institutos, porque “estamos viendo que los equipos directivos están teniendo que tomar decisiones que seguramente no estén preparados por no tener el conocimiento de la autoridad sanitaria que debe prestar ese apoyo a la comunidad educativa”.
En La Línea, donde el 97% de los alumnos, en torno a 11.800 de 13.000 no han asistido a clase desde el inicio del segundo trimestre, su alcalde, Juan Franco, también pide a la Junta más sensibilidad ante la grave coyuntura por la que atraviesa el municipio, con 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. “Doy cada día dos o tres pésames”, lamenta. “No hay garantías para volver a los colegios y los institutos”, asegura, y reitera su petición de que se retrase oficialmente el curso.
La Consejería de Educación, sin embargo, ha solicitado a los centros educativos que consideren faltas injustificadas las faltas desde este lunes, lo que podría dar motivo a la apertura de expedientes de absentismo.
Salud, por su parte, resta importancia a las demandas porque, según fuentes de la delegación, la responsable del departamento, Isabel Paredes, “está disponible las 24 horas del día y cualquiera de los alcaldes que habla con ella lo puede decir”.
Respecto a la coordinación institucional, se remiten a las reuniones mantenidas la semana pasada con los alcaldes, en la que se abordaron cuestiones como el Plan 24X7, 24 horas siete días a la semana, destinado a la vacunación frente al Covid-19 en las ocho provincias andaluzas, o los cribados, demanda habitual entre los alcaldes. Salud reiteró que se asignan en función de unos criterios epidemiológicos que incluyen la tasa de incidencia, pero no es el único; hay otros como la edad de la población, la presencia de residencias de mayores o la situación de los centros hospitalarios de la zona. E insisten, finalmente, en que las vías de cooperación se mantienen abiertas de manera permanente.
