La Fiscalía de Almería sostiene que el asesinato en 2018 en Balerma, El Ejido (Almería), de un niño de 8 años por parte de su padre, I.M., fue la "expresión final" de la violencia de género a la que habían sido sometidos la víctima mortal, su hermano y la madre de ambos por parte de su progenitor.
Así lo ha manifestado el fiscal Manuel Hermoso durante su informe final en la última sesión de la vista oral con jurado popular contra I.M., que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable, afirmando que la muerte no se produjo por azar, sino "fruto de una trayectoria de dominio, de control sobre esa mujer, fruto de esa mentalidad se cometen estos hechos que van in crescendo".
De esta forma, el fiscal justificaba ante el jurado una modificación en su escrito provisional de acusación para incorporar la agravante de violencia de género en el delito de asesinato que le imputa al acusado, si bien también ha añadido la atenuante de confesión, al reconocer que éste admitió haber matado a su hijo desde el primer momento.
Considera que en este delito se dan otras agravantes como son la de parentesco y la de alevosía, insistiendo en el desvalimiento del pequeño, que fue muerto en un "sitio recóndito, una ratonera" de la que no podía escapar, y subrayando en todo momento que fue un "acto de control final del acusado con respecto a su pareja.
Una idea en la que ha insistido también la abogada que ejerce la acusación particular, Laura Martínez Rubia, quien ha recordado la "crueldad de los hechos descritos", y el maltrato al que fue sometida la mujer hasta "anularla como persona, destruyendo su autoestima, e impidiendo el desarrollo de su personalidad".
La letrada de la acusación ha retirado dos de las agravantes que exponía en su escrito provisional, mientras que la defensa de I.M. ha modificado parcialmente su escrito para ajustarse en parte al relato de la Fiscalía, si bien con diferencias en las agravantes y el total de delitos, añadiendo posibles atenuantes como anomalía o alteración psíquica o arrebato u obcecación.
La calificación del fiscal recoge que el acusado I. M. estuvo casado con la madre del menor desde octubre de 2006 y que cuando ésta comenzó a trabajar en un invernadero, la "sometió progresivamente" a un "control cada vez mayor, obsesionado con que tenía un amante".
Sobre el asesinato, el fiscal sostiene que entre las 15 y las 15.15 horas del 20 de abril de 2018, el procesado se encontraba con sus dos hijos menores en su hogar familiar de Balerma, sin nadie más porque su esposa y un hermano de ésta, que convivía con la familia, habían salido a dar un paseo.
Una vez bajaron, aprovechando que su hijo de 8 años "se hallaba solo, de espaldas, confiado al estar con su padre y sin posibilidad de huida, sorpresivamente sacó el cuchillo e intencionadamente" le hizo un corte con el mismo desde atrás en el cuello, sin que el menor pudiese repeler la agresión, provocando su muerte por una hemorragia aguda.
Llamó a su esposa y le dijo que había matado al niño y cuando ésta se dirigía a su domicilio la llamó su otro hijo y le contó lo sucedido y que su padre le había mostrado el cadáver de su hermano.
Al llegar a casa, el acusado le dijo con la intención de causarle un menoscabo psíquico que la culpa de la muerte de su hijo era suya por no querer irse a Rumanía con él y ahora que podía quedarse con su amante, que él iba a la cárcel, "provocando todo ello a la mujer un menoscabo psíquico y síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático".
