La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sigue acumulando acciones penales contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia por covid-19 y, a fecha de este lunes ,ya tiene sobre la mesa un total de 18 querellas y 30 denuncias.
Por el momento, se está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación penal, han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal.
Las denuncias se presentan por unos hechos que se consideran delictivos, mientras que las querellas se dirigen contra personas concretas a las que se considera autoras de una determinada conducta criminal.
En este caso, entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
SE PEDIRÁN FIANZAS
La diferencia entre unas acusaciones y otras es la que está ocupando estos días la labor del alto tribunal, según las fuentes consultadas, ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulares las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Sus representantes deben presentar poder y se les impone una fianza, que en el Supremo suele ser casi siempre de 12.000 euros.
Así, estos días la Sala trabaja en estas funciones preliminares para agrupar las diferentes acciones penales presentadas por materia, delitos y querellados, ya que algunas se han presentado contra todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez mientras que otras se dirigen de forma específica contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos de su departamento como es el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Una vez se organicen todas estas acciones por grupos se remitirán a Fiscalía para que fije postura sobre competencia, sobre la conveniencia de las acumulaciones y sobre la existencia o no de indicios para sostener una investigación penal.
