Me lo va a permitir, pero me parece una auténtica gilipollez”. Fue la contestación de Elías Bendodo a la pregunta de una periodista sobre su opinión de la “ocurrencia” de los comunes en Cataluña: retirar la estatua de Colón en Barcelona. Y eso mismo hubiéramos contestado la inmensa mayoría de los españoles, que seguimos viviendo con angustia la crisis sanitaria que se ha convertido ya en económica y social. Bendodo, respondió con claridad por todos nosotros.
No sé qué les parece, pero este Gobierno central está dando alas a unos temas secundarios que nos está quitando tiempo y esfuerzo del mayor reto que hemos tenido superar los españoles de mi generación, la primera de plena democracia. Aquellos años setenta sí fueron una verdadera etapa de reconstrucción, sí había voluntad de escuchar y ser escuchado, sí se cerraron acuerdos de Estado que se sellaron con el referéndum que nos ha dado nuestro marco de convivencia en estos últimos cuarenta años. Fueron años de diálogo y de generosidad. Los del 75 tuvimos ese gran regalo al nacer, que nos dio tranquilidad durante nuestra infancia, juventud y madurez. Hemos tenido la suerte de acompañar, así, a la madurez democrática de nuestro país. Desde aquí mi agradecimiento a los padres de nuestra Constitución que lo hicieron posible.
Sin embargo, los últimos acontecimientos de esta legislatura hacen tambalear esa grata sensación de seguridad, y no sólo por la pandemia que nos ha hecho ver el mundo con otra óptica, sino por el Gobierno que ha conseguido volar por los aires todos los puentes del consenso parlamentario.
El último atropello, continuar con la tramitación de “su ley de educación” en el Congreso de los Diputados, en pleno estado de alarma, una ley que no viene a construir sino a destruir, y que si la comunidad educativa no lo impide, se aprobará sin el apoyo de los partidos mayoritarios de la oposición antes de que termine el año. Una ley educativa del cueste lo que cueste, que el gobierno vende a cambio de pactos con independentistas, a cambio de presupuestos para Cataluña a costa del andaluz, a cambio de mesas de diálogos, a cambio de indultos a presos, que sin ningún pudor apellidan de políticos. La educación no es moneda de cambio. Una ley de educación no puede imponerse en un país con cuarenta años de democracia. ¿Qué ejemplo estamos dando a quienes les servirá de herramienta para abrirse futuro? Dice la ministra Celaá, que hay que reducir el número de repetidores, y el número de abandono escolar. Totalmente de acuerdo, pero créame que la solución no pasa por bajar el nivel educativo ni por obtener el título de bachillerato con alguna asignatura suspensa. Hay tanto que discutir en su texto, como que queremos decidir el centro al que irán nuestros hijos, queremos una educación en libertad.
Hemos pasado del relato estafa del diálogo, a la autoridad del decretazo. Con los hechos del Gobierno, deja manifiestamente claro que no quieren escuchar, no sólo a los partidos de la oposición sino a los responsables de la educación especial, a los responsables de la educación concertada, a los profesores de religión, a los profesores de formación profesional, a los responsables de los centros privados, a los padres y madres, a los alumnos…. Lo urgente es terminar el curso, y ser capaz de analizar cómo ha impactado el confinamiento en cada alumno, y cómo volveremos a las aulas el próximo curso, una tarea que no pude dejarse para septiembre.
Entre la abrumadora caída del PIB en estos últimos meses, la desesperación de las empresas que ven cómo terminan el ERTE y terminarán sus empresas, abocándolas al cierre, el millón de españoles que aún no han cobrado su prestación y el otoño negro que se avecina, debatir una nueva ley de educación en estos momentos me parece exactamente lo mismo que al señor Bendodo el exilio de Colón de Barcelona.
