La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, por diversos delitos investigados en la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción aplica a Villarejo la circunstancia modificativa agravante de la responsabilidad criminal de prevalimiento de su carácter público --era comisario en activo--, y además de a él y a García Castaño, acusa a otras 12 personas (entre ellos a policías y abogados) y al bufete Herrero & Asociados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Esta pieza ha sido la primera cuya instrucción ha concluido de toda la macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.
Entre los acusados para los que Fiscalía pide también penas altas se encuentran el socio de Villarejo en su empresa Cenyt, Rafael Redondo, para quien solicita 51 años y nueve meses de cárcel, su mujer Gemma Alcalá, 46 años y nueve meses, y el exinspector de Policía Nacional Constancio Riaño, para el que interesa 50 años de prisión.
Asimismo, para el presidente del bufete, Francisco Carpintero López, y los responsables del despacho Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz, María Ángeles Moreno Nogales y Mario Carpintero López, solicita 34 años de cárcel para cada uno de ellos. Fiscalía reclama también al despacho de abogados que pague una multa de 912.500 euros.
El Ministerio Público también se dirige contra el abogado David Macías González, que se enfrenta a 22 años de prisión; el director de Operaciones de Cenyt, Antonio Bonilla, para quien pide 18 años y tres meses; el subinspector de Policía Javier Fernández Pérez, para quien se interesa 17 años de cárcel; y contra el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro, para quien se solicita cuatro años y medio.
Tras la investigación, el proyecto 'Iron' reveló un 'modus operandi' en la actividad profesional del comisario que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.
EL DESPACHO QUE NECESITABA SOLVENTAR 'UNA SITUACIÓN DE CRISIS'
Los hechos parten de la situación de crisis de Herrero & Asociados por algo que el despacho consideró como una "competencia desleal", y es que antiguos socios y empleados constituyeron el bufete Balder IP Law, con similar finalidad y objeto social, tal y como concluyeron tanto el juez como los fiscales.
En Herrero & Asociados mantenían la convicción de que la empresa rival se estaba sirviendo de antiguos empleados del despacho para filtrar información, motivo por el cual cuatro de sus responsables se pusieron en contacto con Villarejo --a sabiendas de que era comisario en activo-- y con Redondo en 2013 para descubrir mediante los servicios de detectives privados elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática.
Villarejo y Redondo habrían ofertado al bufete un servicio dirigido a solventar una 'situación de crisis' que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado, como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law. Todo por un precio fijado en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito, tal y como concluye Anticorrupción.
El trabajo prestado por Villarejo habría incluido acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder IP Law, así como a datos de carácter personal y patrimonial de sus fundadores y varios trabajadores, además de un socio de Herrero & Asociados y su esposa.
Para obtener toda esta información, el grupo de Villarejo habría abonado dádivas a funcionarios públicos que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado con el despacho de abogados dado su "eminente carácter ilícito". Entre ellos, los fiscales destacan la "permanente colaboración" de Enrique García Castaño --también investigado en otras piezas de la macrocausa 'Tándem'--.
EL PAPEL DEL JEFE DE LA UCAO
Los fiscales ponen también el foco en la función desempeñada por el exjefe de la UCAO, quien "de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional, obteniendo un relevante lucro por ello".
Anticorrupción también acusa al inspector jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO Constancio Riaño, al subinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez y al funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.
La información obtenida por Villarejo sería utilizada para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herrero y Asociados contra los socios de Balder IP Law. El entonces comisario se encargaría de impulsar la denuncia por su "capacidad para condicionar la actuación" de otros policías.
