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Una proyección navideña en Málaga que se tiñe de polémica

Colectivos vecinales y Adelante Málaga critican que el 'vídeomapping' de la calle Alcazabilla se utilice para mostrar imágenes publicitarias de empresas

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  • La criticada proyección. -
  • Recuerdan que el audiovisual se lleva a cabo en patrimonio protegido con la figura de Bien de Interés Cultural

Las luces de Navidad en Málaga nunca están exentas de polémica. En esta ocasión ha venido de la mano de la proyección de contenido comercial de algunas empresas en el videomapping que se realiza en la calle Alcazabilla. Pero además, Adelante Málaga también ha alertado del incremento de la dotación presupuestaria.  

En redes sociales y en las cuentas de Facebook de colectivos  vecinales, como la de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga se ha dado la voz de alarma indicando que en “el propio espectáculo de la Alcazaba hay publicidad incrustada”, algo que consideran “un uso de Patrimonio protegido y un símbolo de Málaga para realizar publicidad”  además de un “atentado al patrimonio que ha indignado enormemente a los vecinos” por la presencia de “anuncios de marcas comerciales que cubren uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad, con grado de protección BIC”, ante lo cual declaran que “aunque es evidente que es una privatización del patrimonio público, vamos a consultar la leyes de protección y, en caso de ser viable, presentar denuncia”.

 

Del mismo modo, desde el grupo municipal de Adelante Málaga su portavoz, Eduardo Zorrilla criticó “el uso propagandístico de los monumentos malagueños que están haciendo diversas empresas privadas aprovechando un convenio para realizar la proyección de un video navideño en calle Alcazabilla”. “Atónitos”, señala el edil, se han quedado muchos ciudadanos y ciudadanas al ver que el mencionado cuento de Navidad “se convertía en un publirreportaje de empresas, algunas de ellas muy conocidas por su relación con el alcalde, como es el caso de El PimPi”.

Según Zorrilla “el acuerdo de colaboración con las empresas para el llamado maping expresa que el Ayuntamiento de Málaga corre con los gastos de luz (600 euros) y garantiza los permisos” mientras que “las empresas pagan a la sociedad los 150.000 euros que cuestan las proyecciones (tres pases de 8 minutos durante los 40 días), pero no dice nada de que se pueda proyectar publicidad de las empresas colaboradoras”. Para el portavoz de Adelante  Málaga “esto pasa cuando se entrega a manos privadas los eventos en espacios públicos y es aún más grave cuando hablamos de lugares emblemáticos o monumentos protegidos”.

Incremento del presupuesto

Adelante Málaga ve “incomprensible” que el alcalde “permita a su edil, Teresa Porras, decidir de manera desenfrenada todo este tipo de cuestiones”, aunque Zorrilla se pregunta si “no será que es el propio alcalde el verdadero protagonista”. “Mientras se sube un escenario a bailar, el patrimonio malagueño se usa de valla publicitaria o se despilfarra grandes cantidades económicas en luces por el centro de la capital”, indicó el edil..

Por otro lado, la portavoz adjunta de Adelante Málaga, Paqui Macías, recordó que el equipo de gobierno ha destinado al contrato de iluminación navideña con la empresa Ximenez un importe inicial para los años 2019 y 2020 de 1.356.422 euros, “una cantidad que ya es excesiva”, pero además, la junta de gobierno “aprobó un incremento de 265.000 euros para aumentar las luces en calle Larios y Alameda, con lo que para estos dos años, la cantidad supera el 1.600.000 euros”.

Esta “competición”, a juicio de Macías, que mantiene la concejala Teresa Porras con otras ciudades “nos está llevando a una situación esperpéntica, mientras que los barrios están a la espera de inversiones culturales y deportivas. Lo que deberían hacer el alcalde y su concejala es competir con otros ayuntamientos en servicios públicos en lugar de en luces”.

Por otra parte, califica de “trampa” que concedan el contrato de la iluminación navideña a una empresa por un importe inferior y luego modifiquen el presupuesto al alta. “La ley permite hasta un 20 por ciento del importe de la adjudicación, y lo que ha hecho el equipo de gobierno es incrementarlo en un 19,7 por ciento, de manera, que, al final, el contrato no es el más bajo”.

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