Los ciudadanos eligen el próximo domingo a 208 de los 265 que componen la Cámara Alta, una vez más con la incógnita de si al fin se aprovecharán las posibilidades que ofrece el sistema de listas abiertas para elegir a los cuatro senadores que designa cada provincia: los electores señalan hasta tres nombres de entre todos los candidatos que se presentan y pueden hacerlo de un mismo partido, de dos o hasta de tres diferentes.
Los resultados demuestran tras 40 años de elecciones generales que los votantes eligen a los candidatos de un mismo partido, de manera que la formación más votada se lleva directamente tres escaños y la que queda segunda, uno. Es decir, lo habitual es que sólo dos partidos se distribuyan los senadores, y en la mayoría de provincias, son el PP y el PSOE.
En las pasadas elecciones de abril se repitió este esquema, pero en siete provincias sin embargo hubo un reparto diferente del voto. El resultado en Madrid fue un 2+1+1 entre PSOE, PP y Ciudadanos, respectivamente; en Palencia, Soria, Murcia, Zamora y Segovia se produjo un 2+2 entre PSOE y PP, y en Barcelona, otro 2+2 pero entre ERC y PSC. En buena parte de estas circunscripciones esa 'novedad' se atribuyó a la campaña 1+1+1 que llamaba a marcar solo un candidato de cada uno de los partidos del centro derecha (PP, Cs y Vox), lo que dividió el voto.
En el resto de circunscripciones se mantuvo la tradición del 3+1 y el partido elegido mayoritariamente fue el PSOE, que logró de golpe 123 escaños y alcanzó la mayoría absoluta (133) gracias a los senadores autonómicos. El PP, que se consideró víctima de aquella campaña 1+1+1, redujo su representación a los 55 senadores (contando con el miembro de Navarra+, coalición que forma en Navarra junto a UPN y Cs), cuando venía de una mayoría absoluta.
EL PP, A POR UN VUELCO ELECTORAL
Desde 2011, el resultado había venido siendo parecido al de abril, pero a favor de los 'populares', así que el domingo se verá si el PSOE mantiene en las provincias esta fuerza del 28A o ambos partidos se aproximan. En 2004 y 2008, el PP logró un centenar de senadores y el PSOE de 80 a 88, pero apoyado por la docena de senadores de la Entesa de Progrés de Cataluña constituida por el PSC y ERC. Es decir, se dio casi un empate que permitió a los socialistas presidir la Cámara con Javier Rojo.
Otro dato que se debe tener en cuenta es el de los 57 senadores autonómicos que eligen los parlamentos regionales, no los ciudadanos en las urnas, y que están ya repartidos. El PSOE cuenta así de entrada con 18 escaños, por lo que mantendrá la mayoría absoluta actual si el domingo suma 115 senadores. Si se queda por debajo de esta cifra necesitará apoyos para dirigir la Cámara y sumar mayorías.
Los 'populares' parten ya con 14 senadores autonómicos y tendrán que duplicar los 55 de abril (contando con el miembro de Navarra+) y llegar a 119 para arrebatar la mayoría a los socialistas, es decir, tendrá que conseguir un vuelco electoral.
Este sistema del 3+1 dificulta la entrada de otros partidos. En abril, Ciudadanos sólo obtuvo cuatro senadores en las urnas pese a lograr el mejor resultado de su historia en el Congreso con 57 diputados, y Vox, que entró en el Congreso con 24 diputados, no consiguió sin embargo ningún escaño electo en el Senado, lo mismo que Unidas Podemos.
Está por ver la fuerza de estos partidos el próximo domingo y si lograrán romper en más provincias ese tradicional reparto a favor de PSOE y PP.
UNA MAYORÍA PARA APLICAR EL 155
La importancia política del resultado en el Senado ha sido siempre relativa. No interviene en la elección del presidente del Gobierno y no es decisivo en la elaboración de las leyes: sus enmiendas y reformas pueden ser tumbadas por el Congreso, que tiene la última palabra.
Si la mayoría del Senado es distinta a la del Gobierno, como ocurrió con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura, puede dilatar tramitaciones, crear comisiones de investigación o endurecer el control al Gobierno, pero no tiene trascendencia legislativa.
Sólo es decisivo para aprobar el llamado techo de gasto, que puede vetar y obligar al Gobierno a presentar de nuevo, y especialmente para aprobar la aplicación del 155 de la Constitución, como ocurrió con Cataluña en 2017. El Gobierno debe presentar un proyecto al Senado para que lo debata y apruebe por mayoría absoluta, o no podrá tomar medidas al amparo de ese artículo constitucional.
