Más de un centenar de familias de Jerez, Guadalcacín y Nueva Jarilla que en 2016 adquirieron parcelas en terreno rústico agrícola en Guadalcacín, en las inmediaciones del mosto de Santa Teresa, se manifestarán el próximo lunes para protestar por la decisión de Urbanismo de demoler estas construcciones prefabricadas por considerarlos asentamientos ilegales ajenas al fin original de estos suelos. El punto de encuentro será la calle Medina, desde donde partirán a las 9.15 horas con camisetas identificativas para mostrar su desacuerdo con esta medida al asegurar que se sienten “estafados” por el empresario que le vendió los terrenos.
Le acusan de “montarnos una sociedad y dejárnosla ilegal”, y también cargan contra la notaria que les hizo la operación tras haber llevado a ambos al juzgado. Según explica a Viva Jerez el administrador de la sociedad limitada y afectado directo, Antonio Fernández, los hechos se remontan a octubre 2016, cuando compraron las parcelas, por precios que rondan los 12.000 euros, en el caso de la más barata, de 400 metros. En total fueron 108 las familias que fueron adquiriéndolas desde esa fecha en las tres fases en las que se vendieron dichos terrenos, que los propietarios utilizan como “zonas de recreo”.
Así, defienden que en todo este tiempo transcurrido no “hemos alterado el terreno”, asegurando que lo máximo que han hecho es plantar césped, y colocar piscinas “dejándolas caer en la tierra”, “ni hemos hecho boquetes ni hemos colocado hormigón para nuestras casas, son casas de chapas o prefabricadas”, en las que pasan algunos fines de semana, asegura el representante de los afectados. Como relata, sus problemas comenzaron en 2018 cuando Urbanismo les envió un requerimiento dándoles seis meses de plazo para que desalojaran las distintas parcelas y avisándoles de que se procedería al derrumbe de las distintas construcciones si no volvían a su “estado natural”.
Según apunta Fernández, fue la propia alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza, la que dio el aviso al Ayuntamiento de Jerez, alertando de parcelaciones ilegales. Desde entonces, están luchando para evitar que les tiren todo lo que han levantado estos dos años. “Nos sentimos estafados. Urbanismo lo permitió en su momento, pero ahora el nuevo delegado -por José Antonio Díaz- nos dice que no puede hacer dejación de funciones, que todo es ilegal, ¿por qué entonces no lo pararon en 2016?”, critica este propietario, que advierte también de las consecuencias medioambientales que supondrá cualquier demolición en este enclave. “Es que no es solamente una parcela de cada uno, estamos hablando de más de 1.000 árboles plantados, un pulmón de oxígeno. Por ello, están dispuestos incluso a asumir las multas que sean necesarias, pero siempre y cuando mantengan sus casas. “Que nos dejen pagar sanciones por lo que hemos montado cada uno en nuestras parcelas, pero que no nos tiren todo”, concluye.
Agua de la Comunidad de Regantes
En 2018 el Ayuntamiento ya mandó una carta a la Comunidad de Regantes, el proveedor del agua no potable en estas parcelas, para que suspendieran el suministro, a lo que la organización se opuso. Si bien no negó la existencia de casos en los que se pueda “violentar la legislación urbanística”, les dijo que es el Consistorio el que debe tener “sus mecanismos”.
