Tras la reunión mantenida el pasado jueves con responsables de la Junta de Andalucía donde los ayuntamientos de la provincia pudieron aclarar dudas respecto a los efectos del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía. Al respecto, la concejala de Urbanismo, Mari Carmen García Caro, se ha reunido con su departamento técnico con el objeto de marcar un "protocolo de trabajo" que "permita aclarar la situación en la que se encuentran las viviendas irregulares de Conil, tanto las que pueden sujetarse a lo establecido en este decreto como las que no, y establecer los pasos a seguir en la localidad para actuar con la mayor celeridad posible y acabar con la incertidumbre de las familias afectadas" apunta la edil en una nota de prensa.
El decreto abre el abanico al otorgamiento de AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación) en la mayoría de las viviendas que presenten más de 6 años desde su completa terminación y no estén ubicadas en suelo de especial protección, permitiendo a las viviendas irregulares acceder a los servicios básicos, y que mediante de Planes Especiales se tomen medidas conjuntas para que agrupaciones de viviendas puedan solventar los daños medioambientales y proponer obras conjuntas para instalaciones de saneamiento, suministro eléctrico y de agua. En este sentido la concejala responsable de la delegación municipal de Urbanismo se muestra "satisfecha" porque "existían zonas en las que era muy difícil tomar medidas para solventar los daños medioambientales y con este Decreto-Ley no hay que esperar, en las zonas de asentamientos urbanísticos, a que los desarrolle el PGOU". Asimismo, en la reunión se puso de manifiesto "como la complejidad de la normativa urbanística ha imposibilitado dar soluciones rápidas a problemáticas muy complejas que lamentablemente finalizan su camino con órdenes de derribo dictadas por jueces del orden Penal”.
En la reunión mantenida con los técnicos, algunos de los cuales asistieron a la reunión celebrada el jueves, se han acordado las siguientes actuaciones:
El departamento de planeamiento emitirá informe sobre la existencia de más zonas que por su densidad de población se puedan incorporar al planeamiento como suelos urbanos no consolidados o suelos urbanizables, y marcarán las zonas prioritarias para la elaboración de los planes especiales en el municipio.
Se indica a los técnicos que de forma urgente procedan a la redacción de la nueva ordenanza que regule los AFOS, modificando la actual para adaptarla al Decreto Ley. Además de ello se da indicaciones para que los técnicos incidan en la necesidad de solicitar esta figura entre las personas afectadas, y actúen con la mayor celeridad posible para concederlos.
Respecto a los casos afectados por un procedimiento judicial y en especial aquellos en los que ha recaído sentencia con orden de demolición, y dado que el nuevo Decreto deja al margen los mismos, se deberá estudiar caso por caso para analizar las posibles soluciones o actuaciones municipales, y se realizará un plano ubicando los diferentes casos en los que exista procedimiento penal, para ampliar la información sobre los mismos.
Se realizarán contactos técnicos con otras poblaciones para poner en común experiencias y posibles soluciones.
Para poder conceder licencias de obras menores para mantenimiento y conservación deberán de reconocerse las viviendas como AFO previamente, por lo que solicita a los técnicos municipales que estudien como agilizar el reconocimiento de las edificaciones.
Así mismo la concejala incidió en la prohibición de construir de forma ilegal en el campo de Conil, y que actuarán "drásticamente" contra el inicio de nuevas construcciones.“Esto debe ser ya el inicio del fin de un problema que ha afectado a toda la comunidad autónoma, provocando multitud de problemas, también a las familias afectadas” sentenció.
Por su parte, el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, declaró tras la reunión con la Junta que “parece que este Decreto va a dar solución a la situación por la que atraviesan miles de familias en Andalucía y que nos ha colocado a los Ayuntamientos en la difícil solución de actuar sin refrendo legal y con grandes trabas burocráticas y legales. Pero el Decreto parece estar pensado en mayor medida para urbanizaciones afectadas por anulaciones o cambios en el PGOU que para la verdadera realidad de las familias que han construido en el campo como medio de acceso a una vivienda digna, derecho constitucional que consideramos que debe ser prioritario a la hora de dar soluciones a la situación actual. Por ello no entiendo que no aborde la situación de las familias que están en la peor de las situaciones, con una sentencia firme y una orden de derribo sobre su única vivienda. En toda la exposición del decreto el pasado jueves, y en el turno de preguntas, nadie excepto los representantes de Conil planteamos esa situación, que debería estar en el primer lugar de las situaciones a atender. Por nuestra parte, y dado que la regulación de la Junta les ha dado la espalda y por tanto no nos ha aportado a los Ayuntamientos ninguna herramienta para poder favorecer a esas familias, solo nos queda ir caso por caso buscando, donde las haya, las posibles soluciones. Si quieren dar solución, deberían haber empezado por ahí, pero no ha sido así. Y no tiene sentido que una familia vea como derriban la casa en la que habitan si todas las de alrededor no solo no son derribadas, sino que además van a acceder a los AFO. En ese sentido el Decreto sí nos va a facilitar ese argumento, ya que las viviendas de alrededor no inmersas en el proceso judicial sí podrán acceder a AFO. Podemos entender que se ha cometido un delito contra la ordenación, pero el fin de la medida del derribo, restituir el bien en su estado anterior, no es posible si se trata de una vivienda rodeada de otras viviendas. Ese sin sentido no debe prevalecer cuando lo que está en juego es el derecho constitucional a una vivienda digna de las personas que habitan en ella como única solución habitacional”.
