La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa, de Rumanía y Moldavia principalmente, utilizando la fórmula del engaño con el único objetivo de proceder a la explotación laboral.
La operación se ha saldado con la detención de 16 personas en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, todos ellos integrantes de la organización criminal investigada, los cuales realizaban labores de captación, traslado y control de las víctimas, entre los que también se incluyen cinco empresarios que actuaban en connivencia con esta organización. Las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en espacios hacinados y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.
La operación arrancó en Jaén a finales del mes de febrero, concretamente en Fuerte del Rey, cuando dos trabajadores prendieron fuego a una furgoneta. Fue el punto de arranque de la investigación, al detectarse las condiciones de precariedad de los trabajadores.
La subdelega del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Luis Ortega; y el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Unidad Central Operativa, Javier Roguero, han hecho públicos los detalles de una de las operaciones más importantes desarrolladas en España contra la trata de seres humanos.
El ámbito geográfico de actuación en el que operaba el grupo investigado abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada (aceituna, fresa y uva).
Finalmente se han llevado a cabo 15 registros, cuatro de ellos en explotaciones agrarias en las que las víctimas estaban siendo explotadas laboralmente. En Jaén, confirmaron que podrían haberse visto afectados alrededor de 14 trabajadores.
Los trabajadores eran explotados viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer.
El sueldo que recibían no llegaba a los 10 euros al día en algunos casos, a pesar de que los empresarios pagaban a la organización lo que fijaba el convenio. Si tenían que cobrar entre 2.200 y 3.000 euros mensuales, las víctimas recibían no más de 200 euros al mes.
Según explicaron, desde que salían del país de origen, contraían una deuda con los ‘captores’ que se la iban descontando del salario. Este grupo criminal podía llegar a facturar mensualmente más de un millón de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.
De las más de 145 víctimas detectadas, se ha conseguido identificar y liberar a 18 de ellas, todas de nacionalidad rumana y moldava. Según la investigación, podrían haber afectadas alrededor de 600 trabajadores.
