El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha acordado suspender de nuevo sin fijar fecha el juicio que estaba previsto comenzar el día 17 y fue pospuesto a este jueves sobre el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, con ocho personas acusadas de delitos continuados de falsedad en documento público, así como en dos casos por fraude en subvenciones, por los que se enfrentan a sendas penas de tres años de cárcel para los ocho y multas de 27.000 euros para seis procesados y 300.000 euros para dos.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, después de que el juez sustituto de refuerzo que había sido llamado para este órgano por la Presidencia de la Audiencia Provincial no se ha concretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que ha anulado el llamamiento hecho por el presidente de la Audiencia y ha asegurado que será un juez en comisión de servicio y no sustituto el que se haga cargo del juzgado y por tanto de este enjuiciamiento, según ha adelantado el diario 'ABC'.
Al respecto, la magistrada recogía con el primer aplazamiento de la vista que "dada la situación en la que se encuentra el presente órgano judicial, pendiente de la macrocausa llamada Caso Fénix y dada la dualidad de señalamientos se procede a reorganizar la agenda que afecta al enjuiciamiento de la causa sobre los cursos de formación".
No obstante, dado que el nombramiento del citado juez no va a ser efectivo, por el momento, el órgano judicial ha pospuesto "sine die" el comienzo de la vista.
La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010/2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.
De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.
FACTURAS INFLADAS
A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de "gastos desproporcionados" en costes directos, con gasto en material docente "sobredimensionado".
Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas" cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados". Así, el fiscal avisa de distintos "perjuicios al erario público".
Asimismo, explica que supuestamente ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".
Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos" y supuestamente hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".
Cabe señalar que en esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.
