Expertos en Derecho, encabezados por el presidente de Foro Europa Ciudadana y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano, defienden en el libro 'La libertad religiosa en la UE: el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba' (Dykinson), la "legitimidad" de la inmatriculación de este templo que además es patrimonio de la Unesco.
"El proceso de inmatriculación ha sido impoluto. Se lleva a cabo de acuerdo a una reforma de la Ley Hipotecaria y del reglamento hipotecario de 1998 que viene a compensar una discriminación que existía en contra de la Iglesia Católica, porque el resto de los cultos con los que tiene relación el Estado español podían inscribir sus templos pero la Iglesia Católica no", ha asegurado Cano este martes 6 de noviembre en una rueda de prensa en el Club Financiero Génova.
Además, ha precisado que si la Mezquita Catedral de Córdoba se incluyera en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia que prepara el Gobierno, algo de lo que se ha mostrado seguro que ocurrirá, "hay argumentos jurídicos para sostener la legalidad de la inmatriculación".
"El Defensor del Pueblo andaluz dice que si se declarase eventualmente la nulidad de la inmatriculación por un juez, la propiedad de la Iglesia Católica subsistiría y eso lo sostenemos nosotros", ha concretado.
Cano se ha remontado al siglo VIII, cuando Abderraman I comenzó a construir la Mezquita de Córdoba sobre los restos de una Iglesia visigótica anterior. Cinco siglos después, con la Reconquista de Córdoba, el Rey Fernando III dona a la Iglesia Católica la Mezquita, de acuerdo con la ley del Fuero Juzgo que le permitía realizar donaciones de los bienes conquistados, según ha explicado Cano.
"La Iglesia Católica lleva 800 años de posesión pacífica de la Mezquita de Córdoba en calidad de dueño y con buena fe", ha explicado Cano, quien ha precisado que con 30 años de titularidad ya hubiera sido suficiente.
Por ello, considera que va a "costar mucho" declarar nula la inmatriculación de este templo. Si bien, en el caso de que se presentara un recurso sobre este asunto ante el Tribunal de Estrasburgo, Cano se ha mostrado convencido de que "el Gobierno español perdería".
