La secretaria general del PP de San Fernando, María del Carmen Roa, ha denunciado el "engaño al que la Junta de Andalucía, con la connivencia del Ayuntamiento, somete a la ciudadanía isleña". Roa sacó a relucir la noticia que la pasada semana esgrimió el gobierno de la socialista Patricia Cavada, vendiendo la inversión que la Junta había realizado durante 2017 en la ciudad en materia de vivienda. Desde el Ayuntamiento afirmaban que la Junta había realizado una inversión de 500.000 euros para llevar a cabo actuaciones subvencionadas en 16 bloques de pisos para la colocación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas.
Roa recordó que la subvención gracias a la cual ha podido llevarse a cabo en todas esas viviendas de la localidad subvención provienen del Gobierno central merced al convenio de colaboración firmado con la Junta de Andalucía en 2014 por el que el Gobierno andaluz se encarga de la gestión de las ayudas, y corriendo la totalidad de la financiación a cargo del Estado.
La también edil popular, lamentó que tanto el Ayuntamiento como la propia Junta se olviden de citar que la subvención a la que acceden los ciudadanos proceden del Gobierno central. “La Junta de Andalucía no está poniendo ni ha puesto un solo euro para estas ayudas de mejora en la accesibilidad. Deberían emplearse a fondo con las necesidades de la ciudad, aportando presupuesto y actuaciones. Quedarse en el marketing político intentando confundir a la ciudadanía es lamentable”.
María del Carmen Roa exigió al gobierno de Patricia Cavada a que presionara a sus compañeros en la administración autonómica ha llevar a cabo iniciativas que sí son de su absoluta competencia. Es el caso de la rehabilitación de tres de los bloques de la avenida Duque de Arcos pertenecientes al parque de viviendas de la Junta de Andalucía. “Estos bloques se encuentran en condiciones muy precarias sin que la administración autonómica atienda a la constante reivindicación vecinal. Si realmente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía quieren trabajar por los isleños, podrían comenzar por solucionar el grave problema que afecta a las decenas de familias que viven en estos pisos y que llevan años demandando una actuación al gobierno autonómico”, concluyó.
