La Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento del alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández (Gicar), quien enfrenta una petición del Ministerio Fiscal de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público acusado de haber "impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición" del grupo municipal del PSOE no dándole "acceso" a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El auto de la Sección Tercera, consultado por Europa Press, desestima el recurso de apelación contra la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado en el que el regidor alegaba que la instrucción no estaba "finalizada" por no haberse practicado prueba alguna "al margen" de las declaraciones del denunciante, el portavoz municipal del PSOE, José Luis Amérigo, y el propio alcalde.
Argumentó, asimismo, su defensa que habría existido en el caso vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por "faltar la práctica de diligencias mínimas e imprescindibles" que, a su juicio, hubieran determinado el archivo del presente procedimiento penal.
En concreto, interesaba que el Juzgado de Instrucción 2 de Vera requiriese al Ayuntamiento carbonero "documentación" referente a diversos hechos "con el fin de identificar a los funcionarios responsables de la emisión de la información y documentación solicitada" por los socialistas y se proponía la testifical de los citados funcionarios para que aclarasen "si alguien había recibido instrucción alguna del alcalde encaminada a impedir el acceso de los concejales de la oposición" a la documentación.
El tribunal de la Sección Tercera fundamenta la desestimación del recurso en que lo alegado por Hernández para constatar que "no existen ni pruebas ni indicios" contra él no tiene "encuadre" en ninguno de los supuestos que podrían dar lugar a la revocación del auto de procesamiento y que, por tanto, "no puede prosperar en este momento frente a la contraria valoración judicial que conllevan" la práctica de nuevas diligencias para demostrar que "no ha tenido ningún tipo de actuación tendente a limitar el ejercicio de oposición de otros grupos políticos".
"Todo ello sin perjuicio de que el juez instructor, una vez cumplimentados los trámites de calificación provisional por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, pueda acordar el sobreseimiento solicitado", concluye.
No obstante, cabe recordar que ya existe auto de apertura de juicio oral contra el regidor carbonero y que el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería llegó a señalar la vista oral para octubre de 2016 si bien el juez Luis Columna dictó una providencia para posponer la vista al no estar sustanciado el presente recurso.
Hernández irá a juicio por la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos al negar supuestamente información a la oposición y se enfrenta a una pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
ESCRITO DE ACUSACIÓN
La Fiscalía considera que Hernández (Gicar) habría "impedido constante, real y efectivamente la labor de oposición" del concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole "acceso" a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno "en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de diez días".
Subraya, en esta línea, que el regidor le habría "impedido", asimismo, "de forma sistemática" el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente "ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición".
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera, Rocío Sánchez, acordó en febrero de 2015 continuar por el trámite de procedimiento abreviado la causa Hernández ya que, según indicó en su auto, las diligencias practicadas evidenciaban que existían "motivos suficientes" para atribuirle "la perpetración" de un delito de artículo 542 del Código Penal.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012 o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.
Enumera, asimismo, solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la Plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la Plaza de El Saltador, del espacio verde 'El Lometico', las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacía el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras.
Entre los expedientes interesados hace referencia también al mantenimiento integral del alumbrado público, semafóricas y electricidad de los edificios municipales, al de los servicios municipales relacionados con el tanatorio, a los que hacen referencia al hotel de Azata del Sol en El Algarrobico y a los suelos que el Ayuntamiento tiene en el sector ST-1, y al listado de todas las cédulas de habitabilidad, licencias de primera ocupación y apertura de establecimientos en los cuatro últimos ejercicios.
El escrito recoge, asimismo, peticiones de información sobre reconocimientos extrajudiciales de créditos y sobre expedientes con empresas como Zofre SLP, Ecofield One, Bio Fuel Systems, GTT-Electrotenia Montrabal SLU-Cooperación 2015, la UTE Tejera-Ciclo Ambiental, Venzal Abogados, Colinamar o Graudi, así como de las dietas o cualquier tipo de remuneración que se haya realizado a favor de los concejales de la corporación con dedicación exclusiva o que ostenten la presidencia de alguna de las comisiones creadas para la presente legislatura, entre otras.
La Fiscalía subraya que, a "todas estas", Hernández habría dado la "misma contestación" en la que concedía el acceso a la consulta solicitada y comunicaba al PSOE que se "pondrían en contacto para informarle del día y de la hora en la que el personal responsable, según la disponibilidad del servicio y sin entorpecimiento del mismo, podrían atenderle para la citada consulta", sin que, según destaca, llegara a producirse este extremo "en ninguno de los casos tal y como consta en la certificación del secretario municipal" que obra en la causa.
"Habría impedido así el ejercicio de la labor de fiscalización y control de la función pública encomendada a la oposición", concluye.
