El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha solicitado que se tasen los costes de demolición del pabellón de la sala de fiestas y del bar quiosco en el Serrallo Plaza, cuya supuesta construcción irregular está siendo investigada, así como cuánto costaría devolver el suelo afectado a su estado original.
Se trata de una de las medidas cautelares que ha acordado el Juzgado junto a la suspensión provisional de la licencia de actividad de la discoteca y del citado quiosco, de acuerdo a la solicitud que en este sentido realizó el Ayuntamiento de Granada.
En un auto fechado el 12 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada María Ángeles Jiménez, que investiga el llamado caso Serrallo, establece un plazo de un mes para que, bien el Ayuntamiento de Granada o en su defecto la Junta de Andalucía, hagan una tasación de los costes de demolición y reposición del suelo a su estado primitivo y de la cantidad a la que ascendería "la indemnización a los terceros de buena fe".
Igualmente, ordena la medida cautelar de suspensión con carácter provisional, y hasta que se dicte resolución firme, de cualquier licencia que permita actividad en los pabellones Sala de Fiestas y el Bar Quiosco, adscrito al desarrollo del Plan Parcial PP-T2.
La resolución, contra la que cabe recurso de reforma y apelación y que adelanta el diario 'Ideal', se produce en respuesta a la solicitud que realizó en su momento el Ayuntamiento de Granada y que contó en su momento con el visto bueno de la Fiscalía, que a su vez interesó tasar los costes de demolición de estas construcciones.
De hecho, el Ministerio Fiscal ve necesario que antes de acabar la instrucción haya un informe de daños a efectos de restituir la legalidad en este suelo, lo que, en caso de tratarse de una valoración alta, podría suponer una agravación penal, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
El pasado 15 de abril el Ayuntamiento declaró la caducidad de la licencia de apertura y funcionamiento de la sala de fiestas del Serrallo, tras constatar un cese de la actividad. Esta decisión dio lugar a alegaciones de su nuevo dueño, que comunicó el pasado verano el nuevo inicio de la actividad.
Para la jueza que instruye el caso "está meridianamente clara la concurrencia en la presente causa, al menos, de un delito contra la ordenación del territorio, debiéndose de evitar en las presentes diligencias la consolidación de construcciones, a priori que pudieran ser ilegales ante la existencia, presuntamente de licencias ilícitas".
Esto justifica a su entender que se adopten las medidas cautelares interesadas por el Ayuntamiento en tanto que, según agrega la titular del Juzgado de Instrucción 2, "concurren todos los presupuestos legales analizados en la presente resolución para proceder a su adopción". Sobre todo la necesidad, como interesa el Ministerio Fiscal, de que se tasen por las entidades pertinentes los costes de demolición.
En el caso Serrallo está siendo investigada, entre otros, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP) por la construcción de la citada discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al Centro Comercial.
La exconcejal de Urbanismo declaró por este asunto el 10 de diciembre del año pasado en el Juzgado, donde defendió la legalidad de su actuación y se mostró convencida de que la causa "se archivará". Negó que en este caso haya habido "un pelotazo" por parte del concesionario, en tanto que se ha hecho un estudio económico en el que ha quedado demostrado "que ha sido perjudicado".
Fue la Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza.
El Ministerio Público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.
Los hechos se remontan a 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello", según sostiene la Fiscalía.
El caso Serrallo se suma a la llamada Operación Nazarí, en la que fueron detenidos tanto Nieto como el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), además de funcionarios y empresarios, por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada.
