Espadas ha cometido un error de cálculo con la operación de compra parcial de la vaciada sede de la Consejería de Gobernación de la Junta en la Plaza Nueva, que le han tumbado todos los grupos sin excepción (PP, Participa, C’s e IU) de la oposición. Ha quedado en evidencia la minoría con que gobierna y la falta de una maduración previa del asunto por su parte y/o por su equipo. Hasta ha parecido una ingenuidad política que expresara en el Pleno extraordinario que si lo hubiera llegado a saber (el rechazo a su propuesta), no lo hubiera convocado.
La opinión pública se preguntará cómo Espadas dio este paso en falso y no llegó a enterarse de que la oposición no le iba a apoyar en un tema que pareció como si fuera un empeño personal suyo, cuando debiera haberse asegurado previamente los mínimos votos favorables de la oposición. Ésta, al infligirle esta dolorosa derrota, le recuerda en vísperas de los Presupuestos municipales que está en minoría y que necesita llegar a pactos para sacar adelante sus proyectos y las Cuentas, al igual que Rajoy en el Gobierno de la nación.
Historia repetida
En la nota de prensa previa, el gobierno local explicaba que proponía al Pleno la adquisición de la casa Fabiola como futura sede de la colección Bellver y de una parte del edificio de la Plaza Nueva propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Junta de Andalucía) como sede unificada de servicios municipales ahora dispersos para la racionalización y reorganización de espacios públicos (Hacienda, Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Recursos Humanos, Patrimonio).
Salvando la distancias, con la compra fallida del edificio de la Junta se ha repetido la historia del intento fallido en tiempos de Soledad Becerril de, con los mismos argumentos entonces que ahora, disponer de una sede administrativa en la que concentrar los servicios municipales dispersos.
Antes de remontarnos al mandato de Soledad Becerrril (1995-1999), veamos más a fondo en qué consistía la operación diseñada por el gobierno de Espadas para hacerse no con todo el edificio de la Consejería de Gobernación (8.383 m2), sino sólo con el 35% del mismo (2.934 m2) por 6.080.000 euros, lo que suponía valorar el m2 a razón de 2.072,25 euros, y todo el inmueble en 17.331.428,57 euros.
Atención a esta frase de la nota oficial: “El Ayuntamiento sólo abonaría así en concepto de alquiler la parte proporcional a la propiedad que mantendría la Agencia Pública de Gestión de Activos, cuantía que se reduciría progresivamente si se amplía el porcentaje de participación de la Administración Local en la propiedad del edificio. Sólo con la compra de este 35% inicial se produce un ahorro de 5,7 millones de euros en nueve años con respecto al precio que supondría el alquiler”.
Problemas encadenados
Se colige, pues, que el Ayuntamiento pensaba comprar un tercio del edificio y alquilar los dos tercios restantes también a la Junta y que para presentar de forma digerible la operación hizo una proyección a nueve años de lo que habría supuesto adquirir ese 35% en vez de alquilarlo: 5,7 millones de euros. Este dato nos permite deducir que el alquiler del 65% restante le habría costado en ese mismo periodo de tiempo 10.585.714 euros, a un promedio anual de 1.176.190 euros. Asimismo, que el alquiler, en vez de la compra, de ese tercio le habría supuesto un desembolso de 633.333 euros anuales.
No olvidemos un detalle importante: esta ahora fallida operación habría sido consecuencia de un problema causado por la decisión del gobierno municipal de comprarle a la Fundación Lara, por 4,5 millones de euros, la casa Fabiola para albergar la colección Bellver en vez de alojar las obras de arte, como estaba acordado en el mandato de Zoido, en el Pabellón Real de la Plaza de América, de propiedad municipal.
Al decidir este cambio, el gobierno ha creado un nuevo problema: debe desalojar, y por tanto hallarles una nueva sede, a los funcionarios de Hacienda que estaban de alquiler en la casa Fabiola. Y estaban allí y en esa situación porque Monteseirín entregó a Sacyr, a cuenta de las Setas, la histórica sede de toda la vida de la Delegación de Hacienda en la plaza de la Encarnación. Así se van encadenando los problemas uno tras otro.
Argumento similar
Y, las vueltas que da la vida: Espadas usa 17 años después el mismo argumento de la concentración de los servicios dispersos que utilizó Soledad Becerril en 1999 para proyectar en el Prado de San Sebastián un edificio administrativo diseñado por el multipremiado arquitecto Rafael Moneo y que iba a tener un coste estimado de 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros.
El inmueble, de cinco plantas y en el que iba a destacar un pórtico de grandes dimensiones con acceso a la estación de autobuses del Prado, habría medido 23.000 m2 (casi tres veces más grande que la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva) y habría contado con un aparcamiento subterráneo de 590 plazas. Por tanto, el m2 habría costado 1.304 euros, frente a los 2.072,25 euros (un 59% más caro) que estaba dispuesto a pagar el gobierno de Espadas por cada m2 del inmueble de la Junta en Plaza Nueva, y ello sin comparar la abismal diferencia entre el número de plazas de garaje de uno y otro.
Para financiar la construcción del edificio de Moneo, el gobierno de Soledad Becerril había negociado un crédito a 25 años y a bajo interés (Mibor + 0,3%) y pensado en vender los edificios municipales (seis) que iban a ser desocupados por los funcionarios una vez trasladados al Prado. La actuación es parecida a la proyectada por Espadas, ya que en su nota el Consistorio dice lo siguiente: “Se han diseñado además planes para la recuperación de la inversión a través de la venta de entradas del Alcázar o de la enajenación de otros inmuebles de propiedad municipal”.
Barrios primero
Apenas iniciadas por la empresa Dragados las obras del edificio de Moneo en el Prado llegó al gobierno municipal el socialista Monteseirín. Lo primero que decidió, aparte de subirse el sueldo en lo que supuso un escándalo nacional que anticipaba la pauta de sus tres mandatos, fue paralizar las obras de la futura sede administrativa municipal (Dragados le reclamó una indemnización de 5 millones, de la que con los años desistió para poder seguir optando a adjudicarse obras municipales). Monteseirín argumentó que Sevilla tenía otras prioridades más importantes en los barrios que gastarse el dinero en construir un edificio para los funcionarios.
Diecisiete años después, esa misma argumentación es la que han esgrimido en el Pleno extraordinario los grupos de la oposición para tumbarle a Espadas su operación inmobiliaria con la Junta, que el alcalde presentaba como una gran oportunidad con el fin de concentrar en una sola sede los servicios municipales.
Así pues, Espadas ha acabado asumiendo los planteamientos que tenían Soledad Becerril y el PP en 1999, y el PP y el resto de grupos han asumido los que tenían Monteseirín y el PSOE por las mismas fechas: ladrillo versus barrios, barrios versus ladrillo. ¿Es o no paradójico que alcaldes y partidos de signo tan opuesto acaben intercambiándose los roles y las tesis con el curso del tiempo?
Administración electrónica
Al acabar la Expo-92 sobrevino una crisis casi tan aguda como la actual. Duró cinco años y se llevó por delante, como ahora, mucha burbuja inmobiliaria. Entre los caídos entonces estaban los promotores del World Trade Center en el edificio Expo. Algunos razonaron que con los avances tecnológicos no haría falta ni que las empresas tuvieran sede física porque sus directivos podrían comunicarse por videoconferencia desde cualquier centro de negocios. Entonces las videoconferencias parecían cosa de ciencia-ficción; hoy, cualquiera de nosotros puede comunicarse mediante este sistema a través de Skype y gratis desde un ordenador doméstico.
Ciudadanos ha sido el único grupo político municipal que en el Pleno extraordinario incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento invierta no en ladrillo para más funcionarios, sino en tecnología, para digitalizar, modernizar y agilizar los servicios que prestan.
Y una concentración de funcionarios en una misma sede no garantiza una mayor eficacia. La prueba la tenemos en los 500 empleados de Urbanismo en las caracolas de la Cartuja, donde pese a tal unificación hay 3.000 expedientes paralizados, con demoras de hasta año y medio. ¿No habría sido más importante, barato y rentable para la ciudad desatascar esos 3.000 proyectos de otros tantos inversores hartos de esperar que comprarle una sede vacía a la Junta?
