Tras el cierre del plazo de exposición pública de dos meses este lunes 17 de octubre, un total de 290 alegaciones se ha presentado a la Ordenanza para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de las Áreas de Regularización e Integración Urbano-Ambiental del PGOU. Un cifra a la que podrán añadirse aquellas que aún pueden llegar por Correos. Así lo ha anunciado este mediodía la portavoz del Gobierno y delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier, quien ha recordado que “la Ordenanza se aprobó provisionalmente el pasado 8 de julio, publicándose en el BOP el 16 de agosto”.
“En estos dos meses de periodo de exposición pública y pendientes de las que puedan llegar por Correos, hemos registrado 290 alegaciones”, ha aclarado Verdier, quien ha explicado que, “a falta del estudio exhaustivo y del correspondiente informe jurídico para estimar, desestimar o estimar parcialmente dichas alegaciones, destacar que entre el 80 y el 90 por ciento de las mismas corresponde a un modelo único, que ha sido facilitado por la Plataforma de Afectados por la Regularización, tal y como nos han dicho los propios vecinos”. “El resto de las alegaciones son de distintos particulares y los tres partidos de la oposición, Partido Popular, Por Chiclana Sí Se Puede e Izquierda Unida”, ha indicado.
Así, aclarar que, una vez los técnicos municipales analicen exhaustivamente las alegaciones, se convocará un Pleno Extraordinario para estimar, desestimar o estimar parcialmente las mismas y aprobar definitivamente la Ordenanza de Regularización. “Hay que tener en cuenta que, antes de la aprobación definitiva, tendrá que estar en vigor el Plan General”, ha recalcado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha adelantado que, “tras un primer análisis, algunas de las alegaciones de los vecinos se podrán estimar e incluir en la Ordenanza”.
En cuanto a los asuntos principales de las alegaciones, Cándida Verdier ha explicado que “el modelo facilitado por la Plataforma de Afectados por la Regularización va dirigido al protocolo firmado por el anterior Gobierno socialista con dicha Plataforma en mayo de 2011”. “Ya sabemos que durante los cuatro años de Gobierno del PP no se hizo nada por esta Ordenanza, por lo que los vecinos hacen referencia a dicho protocolo de 2011, sobre todo, en cuanto a los aprovechamientos, las infraestructuras existentes o la posibilidad de solicitar subvenciones, si las hubiera, para minorar los costes”, ha comentado.
Por otro lado, en relación a las alegaciones presentadas por los grupos políticos de la oposición, la delegada municipal de Diseminado ha explicado que, “en el caso del PP, hace referencia a una serie de cuestiones jurídicas y a los costes, asuntos que serán valorados por los técnicos municipales. En relación a PCSSP, al igual que sucede con el Partido Popular, se hace demagogia y populismo y no se centra en nada concreto. Y, por su parte, Izquierda Unida hace más hincapié en el tema de la seguridad jurídica y en los costes de regularización”.
“Esta Ordenanza tiene características diferentes, mejores y más favorables para los vecinos, ya que cuenta con la posibilidad de obtener los servicios mínimos de luz, agua y saneamiento; permite las obras faseadas, tal y como han solicitado los vecinos, que han trabajado con este Gobierno en esta Ordenanza; es totalmente voluntarista, por lo que no pretendemos imponer a nadie ningún procedimiento; es mucho más flexible en cuanto a los trámites; y reduce los costes en torno a un 50 por ciento”, ha resaltado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha añadido que “estamos convencidos que se va a solucionar alrededor del 95 por ciento de las viviendas irregulares, mientras que hay casos puntuales que habrá que estudiar para buscar la solución”. “Con ello, estamos convencidos de que es la mejor Ordenanza que se ha podido confeccionar para resolver el problema de los vecinos”, ha asegurado.
Finalmente, Verdier ha destacado que “vemos cómo el PP está nervioso por la aprobación de esta Ordenanza, ya que se va a solucionar los problemas de los vecinos con propiedades en el suelo urbano no consolidado”. “Además, hay que recordar que al PP le faltó el valor de gestionar una Ordenanza que arreglara los problemas de estas personas y fue incapaz de abrir una mesa de trabajo al respecto, por lo que sus opiniones no tienen rigor y son populistas, ya que no van encaminadas a solucionar esta problemática de la ciudadanía”, ha reprochado la delegada de Diseminado, quien ha añadido que “en el PP no se han preocupado por solucionar la vida a la gente, como sí estamos haciendo ahora”.
Participación ciudadana
En otro orden de cosas, Cándida Verdier ha destacado la “amplia participación ciudadana en este proceso, no solo en la elaboración de la Ordenanza, sino desde el primer día de este periodo corporativo, puesto que en este año y medio que llegamos en el Gobierno estamos atendiendo a vecinos y vecinas que se acercan hasta la Delegación de Diseminado, en la cuarta planta del edificio de Urbanismo”. Muestra de ello, es el número total de consultas efectuadas en este periodo de exposición pública de la Ordenanza de Regularización, ya que un total de 225 propietarios ha pedido información detallada de los costes a través de la herramienta que el Ayuntamiento de Chiclana puso en la página web municipal, de los cuales han obtenido respuesta hasta el momento prácticamente todos. Asimismo, 365 personas han sido atendidas en la oficina de la Delegación de Diseminado.
“De las 225 consultas solicitadas de forma telemática, a través de la página web municipal, el coste medio del proceso de regularización ha sido de 23.000 euros, mientras que de las 365 consultas realizadas de forma presencial, el coste medio se sitúa en 20.700 euros”, ha aclarado la portavoz del Gobierno, quien ha lamentado que “haya otros partidos que hablan de 40.000 euros de coste, lo cual no es cierto. Tan solo hay que ver la media de las consultas realizadas por correo electrónico o presencialmente”. “Vamos a seguir manteniendo reuniones con los vecinos, así como con otros colectivos y administraciones relacionados con el desarrollo de la Ordenanza, entre ellos, Endesa, Registro Mercantil, abogados, arquitectos y administradores de fincas, etcétera...”, ha concluido.
