El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, ha informado esta mañana en rueda de prensa sobre las alegaciones que la formación ha presentado a la ordenanza de regularización urbanística, basadas en “las dudas que tenemos sobre la eficacia de este documento, teniendo en cuenta que compromete a las personas afectadas a asumir un proceso de altos costes”.
En primer lugar, ha señalado como más importante que la ciudadanía que no pueda afrontar los pagos, tenga la garantía de que dispondrá de luz y agua. En palabras del concejal, este documento “no puede contribuir a crear más desigualdades en la ciudad y limitar la regularización solo a las personas propietarias con solvencia económica porque la luz y el agua son básicos para unas condiciones de vida digna y no podemos permitir que el acceso a estos servicios dependan de la capacidad de afrontar los costes”.
Palmero ha continuado explicando que la ordenanza de regularización “también carece de seguridad jurídica y financiera para los vecinos y vecinas que inicien el proceso”. “Ya hemos visto como en otras ocasiones la Administración no se ha preocupado por el dinero que han depositado los vecinos para otros intentos de regularización. Por eso creemos necesario que las personas que afronten los pagos, que muchas de ellas lo tendrán que hacer incluso a través de compromisos bancarios, tengan alguna seguridad y sepan qué ocurre si el proceso se paraliza, es decir, definir qué pasa con las obras, los pagos y las obligaciones de las partes si, por ejemplo, el Plan General no saliese adelante”, ha detallado al respecto.
Continuando con el contenido de las alegaciones, el concejal de IU ha reclamado “un plan económico sobre el proceso de regularización urbanística que refleje la viabilidad de mantener más de veinte millones de metros cuadrados urbanos con los tributos de noventa mil habitantes”. En este sentido, ha apuntado que IU califica de “ambicioso este proyecto, lo que también nos crea dudas”, para continuar cuestionando “cuánto tendrían que subir los impuestos para que podamos mantener una superficie igual a la de Sevilla con los habitantes que actualmente tiene Chiclana”. Por eso ha afirmado que es “necesario” un estudio de viabilidad “para que el proceso de regularización no se convierta en otro engaño”.
Por otra parte, Roberto Palmero también ha anunciado que la formación “va a requerir al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se posicionen a favor de un cambio en la LOUA que permita una regularización más social y más acorde a la realidad urbanística de nuestra ciudad”. Y ha pasado a explicar que en Chiclana “hay mucha gente que quiere acceso a servicios básicos pero quiere seguir viviendo en el campo y no quiere una regularización completa”, añadiendo que con esta opción “se abaratarían costes en el proceso, se haría de forma más sostenible medioambientalmente y se respetaría la identidad de las zonas de nuestro extrarradio”.
Una vez explicados los principales pilares de las alegaciones planteadas por IU a la ordenanza de regularización, el concejal ha tendido la mano al Gobierno municipal para “trabajar de forma conjunta en la implantación de estos cambios en el documento”, recordando que “nuestra obligación como representantes públicos es velar por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.
