El Gobierno local trabaja para que el Ayuntamiento pueda convocar oposiciones treinta años después, ya que el último proceso de estas características data de 1987. En concreto, la intención del Ejecutivo es la de incorporar a la plantilla municipal a un total de 20 funcionarios, 11 técnicos superiores y 9 auxiliares administrativos. El proceso, en el que ya se está trabajando, se llevaría a cabo a lo largo del próximo ejercicio.
De este modo se pretende corregir el déficit de personal funcionario que en los últimos años ha motivado reiteradas denuncias por parte de organizaciones como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que advirtieron de que el Consistorio podría estar incumpliendo la legalidad al asignar a personal laboral puestos expresamente reservados para funcionarios.
Ya en la anterior legislatura, el Gobierno presidido por María José García-Pelayo justificó esta medida en el escaso número de funcionarios disponible en una plantilla en la que predomina el personal laboral. Incluso, en los últimos años ha sido necesario modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) precisamente para ajustarla a las características de la plantilla y, en algunos casos, para evitar que la gestión quedara paralizada ante la ausencia de personal funcionario.
En 2013, el Ayuntamiento y la Junta debieron incluso llegar a un acuerdo para permitir estas modificaciones. En ese momento, el Consistorio disponía únicamente de 575 funcionarios en la plantilla municipal (sin contar empresas ni organismos autónomos), de los que 298 pertenecían a la Policía Local.
Además, de los 277 que podían realizar labores administrativas, sólo 32 eran A-1 (licenciados), lo que dificultaba que pudieran cubrirse determinados puestos del organigrama del Ayuntamiento. En ese momento, la plantilla estaba integrada por unos 1.500 trabajadores, en la mayor parte de los casos personal laboral y no funcionario, tal y como aconseja la legislación.
