La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el próximo mes de octubre el juicio contra el propietario de un cibercafé ubicado en el barrio de Los Remedios para el que la Fiscalía solicita 16 años de cárcel por presuntos abusos sexuales cometidos sobre tres menores de edad.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio contra F.J.R.P., que se encuentra actualmente en libertad, se celebrará los días 3 y 4 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, siendo la ponente la magistrada Mercedes Alaya.
En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el Ministerio Público relata que el imputado, de 39 años de edad, "aprovechó" la condición de propietario de este cibercafé para entablar amistad en el verano de 2013 con un menor de 10 años que acudía "con frecuencia" al local.
De este modo, y en ese mismo verano, el imputado propuso al menor seguir jugando en su ordenador de manera gratuita, lo que aceptó la víctima, momento en el que el acusado le pidió que se sentara sobre sus rodillas en un sillón, de manera que, mientras el menor jugaba al ordenador, el procesado "le introdujo una mano bajo sus pantalones y calzoncillos y comenzó con ánimo libidinoso a acariciarle sus genitales".
En segundo lugar, la Fiscalía relata que, en la segunda mitad de 2013, el acusado entabló una relación "de confianza" con un menor de 12 años a quien invitó a jugar gratis a los ordenadores, mientras que, en junio de 2014, le invitó a subir a su apartamento, donde le hizo sentarse en una hamaca, "lo arropó con una manta y puso en la televisión una película de contenido pornográfico".
En ese contexto, y según el Ministerio Público, el acusado le metió supuestamente la mano por debajo de la manta y de los pantalones y comenzó a masturbar al menor, hechos que se repitieron en julio o agosto de 2014.
En tercer lugar, y entre el verano de 2013 y el de 2014, el fiscal expone que el acusado aprovechó la presencia en el cibercafé de un menor de 8 años para tocarle las piernas "con ánimo libidinoso" hasta en tres ocasiones distintas.
ALEJAMIENTO
Además de los 16 años de prisión, el Ministerio Público pide que se imponga al acusado la prohibición durante ocho años de acercarse a menos de 50 metros de los menores, a sus domicilios o al centro escolar donde éstos cursen los estudios y que pague una indemnización total de 8.000 euros.
De su lado, el conocido abogado que ejerce la acusación particular en nombre de las familias de las víctimas, Manuel Huertas Cantero, ha pedido para el imputado 15 años de cárcel por hasta ocho delitos.
El juez instructor, Carlos Mahón, procesó al acusado por cuatro delitos de abusos sexuales y un delito de quebrantamiento de medidas cautelares, pues cuando salió de prisión incumplió la orden de alejamiento que tenía respecto a las víctimas.
Y es que, tras ser detenido por la Policía Nacional el 4 de octubre de 2014, el acusado fue enviado a prisión, pero el día 24 de diciembre fue puesto en libertad por el juez a petición de la Fiscalía, no obstante lo cual incumplió la orden de alejamiento de 100 metros que tenía respecto a uno de los menores, por lo que volvió a entrar en prisión el día 12 de enero de 2015.
No obstante, el juez volvió posteriormente a dejarlo en libertad.
LOS HECHOS
Los menores afectados comparecieron en diciembre de 2014 ante el juez y ratificaron que el acusado les realizó distintos tocamientos y abusó de ellos en el propio cibercafé, mientras que uno de los afectados aseguró además que llegó a ir a casa del encausado, donde éste, además de abusar de él, le puso en dos ocasiones películas de contenido pornográfico.
El imputado fue detenido por la Policía Nacional el día 4 de octubre de 2014 y, al día siguiente, fue puesto a disposición judicial, reconociendo tanto en sede policial como ante el juez que había realizado los tocamientos a los menores aunque no entendía que estas prácticas fueran de índole sexual.
Tras ello, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión dada la elevada pena que le podría corresponder por estos hechos y teniendo en cuenta "la vulnerabilidad de los niños, el fácil acceso a ellos y que el detenido reconoce falta de control y conciencia del mal respecto de los hechos imputados".
Tras su detención, el cibercafé fue cerrado y la Policía intervino tanto el coche del imputado como un ordenador portátil, diversos CD y DVD y una mochila de su propiedad, mientras que los menores fueron trasladados en primer lugar a un hospital de la capital para ser examinados y, posteriormente, a dependencias policiales, donde se les tomó declaración.
