El expresidente de Italia Silvio Berlusconi medió para paralizar la emisión de un programa que ponía al descubierto algún tipo de irregularidad en la filial italiana de Vitaldent, a instancias del propietario de la empresa, Ernesto Colmán, y del vicepresidente, Bartolo Conte.
En un informe policial que figura en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, se hace referencia a la vinculación de Vitaldent con Italia, donde Conte ostenta la dirección de la marca.
"Se evidencia que esta vinculación alcanza a grandes poderes como el medio de comunicación Telecinco, donde consiguen paralizar la emisión de un programa que pone al descubierto algún tipo de irregularidad en la filial italiana de Vitaldent que Ernesto Colman no quiere que salga a la luz", señala el documento.
Lo cual consiguen, continúa el informe, "gracias a la mediación de Silvio Berlusconi y su segundo" a finales de 2015.
Asimismo, el texto pone de relieve el acceso de Bartolo Conte a instancias políticas "apareciendo como asesor del presidente del Senado italiano en la tramitación de una ley que afecta a las clínicas dentales en Italia".
Colman y Conte son los dos únicos directivos de Vitaldent que continúan en prisión por la comisión de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito contable y delito de organización criminal.
La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en "B" solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, en la cual un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda", como así recoge el auto de prisión de la jueza.
Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.
Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.
Y de hecho estuvo negociando con un fondo de capital riesgo para deshacerse de las clínicas e ingresar 300 millones de euros, en una operación que se hubiera hecho en Luxemburgo para evitar declarar en España y que finalmente no salió adelante ante las dudas de los compradores respecto del estado financiero de Vitaldent.
