La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado a un total de 62 municipios españoles de más de 100.000 habitantes, un total de 12 en Andalucía, a que garanticen la alimentación de los menores de familias vulnerables, especialmente en las vacaciones de verano, mediante la fórmula que consideren más idónea: apertura de comedores escolares, distribución de tarjetas sociales o cheques para comprar alimentos, campamentos urbanos o catering.
También solicita que en los informes sociales para la asignación de prestaciones se dé prioridad a los casos de menores o personas con discapacidad, según ha informado esta institución en un comunicado. En años anteriores trasladó esta petición a las comunidades autónomas y en esta ocasión se ha dirigido directamente a los grandes municipios, donde su volumen de población "dificulta la detección de casos".
En total, la institución se ha dirigido a 12 ciudades de Andalucía --Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, Huelva, Marbella, Dos Hermanas, Cádiz, Algeciras y Jaén--; 10 de Cataluña (Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet y Reus); 10 de la Comunidad de Madrid (Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas).
También a cuatro municipios de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde); cuatro de Castilla y León (Valladolid, Burgos, Salamanca y León); cuatro de la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante, Elx y Castelló de la Plana); cuatro de País Vasco (Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Barakaldo).
Tres de Galicia (Vigo, A Coruña y Ourense); dos de Principado de Asturias (Gijón y Oviedo); dos de Región de Murcia (Murcia y Cartagena); y una de Aragón (Zaragoza), de Baleares (Palma de Mallorca), Cantabria (Santander), Castilla-La Mancha (Albacete), Extremadura (Badajoz), Navarra (Pamplona-Iruña) y La Rioja (Logroño).
