El Gobierno indio se enorgullece de haber identificado a más de mil millones de personas en la mayor base de datos biométricos del mundo, para unos una hazaña digna de admiración y para otros un peligroso experimento que pone mucha información privada en riesgo.
El programa Aadhar arrancó en 2009 con el reto de registrar digitalmente a todos los habitantes del segundo país más poblado del mundo, unos 1.250 millones según la última estimación del censo en 2015.
Siete años después, Aadhar ha conseguido superar la barrera de los mil millones de personas archivadas, el 80 % de los indios, en lo que el ministro de Comunicaciones e Información Tecnológica del gigante asiático, Ravi Shankar Prasad, ha calificado como un logro "histórico".
El Gobierno indio se vanagloria de que mientras su base de datos biométricos, con detalles como el iris o las huellas dactilares, alcanza estas cotas la del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos apenas tiene 150 millones de registros.
Hasta ahora, para identificarse en la India se utilizaba desde el carné de conducir a las tarjetas de votante o de racionamiento, pero millones de personas carecían de cualquier documento o los de una región no eran reconocidos en otra, en un país en que la emigración del campo a la ciudad es imparable.
Aadhar toma "todas las precauciones necesarias para la salvaguarda de la privacidad" y los datos "no serán compartidos con nadie por ninguna razón en absoluto", ha reiterado el ministro cuando se le ha preguntado sobre el uso que hará el Gobierno y el riesgo de que terminen en manos de empresas privadas.
"Todo esto no es más que un experimento que se está haciendo con la población india y es el momento de advertir al mundo de que lo que se está haciendo aquí puede pasarles a ellos, porque si lo haces con la población india, lo puedes hacer en cualquier sitio", indicó a Efe a abogada Usha Ramanathan.
La letrada, una de las activistas por los derechos civiles que estudia recurrir por inconstitucional la ley en que habilita este registro, considera que el programa gubernamental es "completamente engañoso".
Según indicó, la norma se aprobó en marzo de este año, pese a que el programa llevaba funcionando desde 2009, por un procedimiento de urgencia que esquivó la posibilidad de enmiendas en el Parlamento y que está previsto para normas de presupuestos, no para las que atañen a derechos fundamentales.
Y si se ha llegado a los mil millones, "es porque están presionando a la población", señaló en referencia a que el número único de identificación que se obtiene con la tarjeta Aadhar, de doce dígitos, facilita el acceso a subsidios y servicios públicos o trámites como la apertura de una cuenta bancaria.
Vijay Kumar, encargado de un centro de inscripción en el norte de Nueva Delhi, explicó a Efe que "solo se necesita una prueba de identidad y otra de residencia" antes de imprimir la tarjeta en uno de estos puntos donde se toman las huellas dactilares, una fotografía a través del ordenador y se escanea el iris.
"Aadhar no es obligatorio, pero para matricularse en un colegio, por ejemplo, te lo piden, o para el libro de familia, para cualquier tramite", indicó mientras los solicitantes esperan en la cola, muchos de ellos niños acompañados de sus padres, ya que la tarjeta se puede hacer hasta para niños recién nacidos.
Tras obtener la suya, después de entregar eso sí el montón de papeles a que te condena cualquier trámite burocrático en la India, la joven Meenakshi Baljotra no se muestra preocupada por el destino de sus datos.
"No se revelan. Es privado", afirmó categórica y confiada, ya que "si no lo hacen cuando vas a bancos privados, cómo lo va a hacer el Gobierno".
"Si está hecho por el Gobierno, cómo se va a ir a la empresa privada", se preguntó igualmente otro joven, Vijay Kumar, tras recibir su tarjeta Aadhar.
India seguirá digitalizando hasta llegar en lo posible a toda su gente ajena a lo ocurrido en otros países, como Filipinas, donde salieron a la luz datos de millones de personas en teoría protegidos oficialmente.
O en el vecino Bangladesh, cuyo Tribunal Supremo ve un ataque a la privacidad una norma que exige aportar la identidad biométrica para comprar una simple tarjeta de teléfono móvil.
