La que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de este departamento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), María Ángeles Mallent, ha reconocido que no se emitieron informes previos en relación a la utilidad y la fórmula jurídica del denominado Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos percibió más de tres millones de euros cuando el coste real de los eventos habría sido de unos 900.000.
"No había ninguna apariencia de ilegalidad, ninguna", ha aseverado Mallent, quien ha declarado como testigo en la jornada de este viernes del juicio que se celebra en Palma por el caso Nóos. Una comparecencia que ha comenzado sin aclarar el porqué la ausencia de estos informes para después afirmar que en este caso no era aplicable la Ley de Contratación de Administraciones Públicas, que habría obligado a convocar concurso.
Tal y como ha señalado, "aplicábamos la Ley de Contratos cuando estábamos en los supuestos de la Ley de Contratos" y no por no seguir las disposiciones de esta normativa en relación con los Summit "se intentaba eludir nada". "Los contratos de patrocinio como este son atípicos", ha incidido.
La exjurídica estuvo imputada durante varios meses en la causa tras así acordarlo el juez que instruyó estas pesquisas, José Castro, quien le atribuyó un delito de prevaricación. Posteriormente fue archivado su encausamiento.
A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la testigo ha manifestado que fue el exdirector general de Cacsa José Manuel Aguilar -acusado en este procedimiento judicial- quien, en 2004, propuso la firma del convenio con la entidad dirigida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El representante del Ministerio Público sostiene al respecto cómo Aguilar "prescindió de forma deliberada del procedimiento reglado" remitiendo el texto a Mallent y ordenándole que procediese a redactar un convenio de colaboración en el papel formato de Cacsa con el texto remitido, que "incluía con detalle las bases, directrices y precio del convenio".
La extécnica ha recordado que desde la dirección "se me pasó un documento y nos dicen que lo pasemos a nuestro formato de convenio. Venía con el logo del Instituto Nóos", ha manifestado. "A falta de concretar algunos aspectos, se vuelve a pasar al director general. Es lo que nos habían pedido", ha aseverado tras contestar a algunas preguntas con un "no le puedo responder con exactitud".
Tras señalar que los informes de utilidad era necesarios dentro del procedimiento habitual de gasto, al ser inquirida sobre si tuvo en las manos algún documento en ese sentido sobre el Summit, la testigo ha señalado que no ya que "esto no vino dado por este procedimiento" y, además, "no le podría decir que se estuviera iniciando un procedimiento de contratación".
Del mismo modo, ha incidido en que ella no le dio forma jurídica y, sobre por qué se utilizó la fórmula del convenio, ha asegurado desconocerlo: "yo no lo decidí", ha espetado. La testigo ha abundado que en el caso del Summit "no estaba llevando a cabo la asesoría jurídica, sólo pasé un documento a nuestro formato para los fines de trabajo del director general".
La Fiscalía sostiene, en este sentido, que Mallent se limitó a reproducir en el formato de Cacsa el texto que le habían entregado, y que no realizó informe jurídico de legalidad por no habérselo solicitado su superior, "no siendo consciente de dejación de sus funciones como garante de la legalidad" al entender que sus superiores ya "habían activado y completado los controles jurídicos y técnicos preceptivos".
