Ganemos critica a la Junta de Andalucía, que es la entidad pública competente respecto al transporte escolar, y por supuesto, también al equipo de gobierno por negarle a algunos alumnos de Chiclana el derecho a la accesibilidad de los centros educativos, máxime cuando en la Junta de Andalucía y en Chiclana de la Frontera gobierna el mismo partido (PSOE).
Adrián Sánchez, concejal de Ganemos Chiclana, dice que “me parece una injusticia social que no todos nuestros niños y niñas puedan asistir a los centros educativos en las condiciones más adecuadas, pequeños que tienen que andar más de 30 minutos para llegar a los colegios, mientras el alcalde tiene un chófer a su disposición, y la mayoría de concejales siguen manteniendo el privilegio de una plaza de garaje junto al ayuntamiento, para no tener que andar...”.
Las madres de los alumnos damnificados aseguran que el propio delegado de educación de Chiclana, Joaquín Páez, les prometió cuando aún “llevaba la batuta” en la legislatura en que gobernó el PSOE anteriormente, que este problema estaba solucionado, y cuando le vuelve a tocar gestionar, vuelve el problema a Chiclana.
La Junta de Andalucía decidió suprimir en el curso 2014/15 el transporte escolar desde la zona de la playa hasta los colegios la Atlántida y Al Ándalus, y es por ello, que “nos toca sufrir la culpa de la mala gestión municipal, y es una pena que nuestras hijas e hijos no puedan acceder a la educación pública en las condiciones que ellos merecen”, asegura una de las madres.
Unas doscientas alumnas y alumnos de estos dos colegios provienen aún de la zona de la Barrosa, donde hay un centro, pero algunos de estos alumnos no fueron admitidos porque se encuentran saturados. Los alumnos del colegio La Atlántida usan sin problemas el transporte escolar, mientras a los alumnos del colegio Al Ándalus se les ha negado sistemáticamente en Educación Infantil y primaria, aún habiendo asientos libres. Y con los alumnos de Primaria, la Delegación de Educación de Cádiz usa unas prácticas que confunden los favores con los derechos.
A este respecto, dice Adrián Sánchez, que “es impensable que en pleno siglo XXI nuestros pequeños y pequeñas no tengan estas facilidades para estudiar, bastión fundamental que debemos apoyar, pues ellos son nuestro futuro, y tenemos la obligación de favorecer que nuestros pequeños estudien”.
La orden que regula el transporte escolar prevé que sólo las alumnas y alumnos que lo están usando lo sigan haciendo en las rutas que se han cerrado, mientras estudien la primaria. La Delegación de Educación de Cádiz, sin base legal alguna, está seleccionando a otras alumnas y alumnos que también pueden usar el transporte, y se lo está negando a otras y otros.
Según Sánchez, “las madres de la barriada “cañada de carboneros” solicitan que este curso sus hijas e hijos, al igual que el resto de alumnas y alumnos que se encuentran en su misma situación (sin transporte escolar), puedan disponer del servicio al encontrarse su casa a 2 kilómetros del
colegio”.
Este baremo ha cambiado el presente curso escolar con respecto al pasado, es decir, donde antes la distancia necesaria para usar este transporte era de 2 km, ahora sean 2,5 km. Esto provoca que se queden fuera las niñas y niños de estas barriadas que se encuentran realmente lejos de los centros de estudio, dando incluso un rodeo más largo los autobuses, y no recogiendo a nuestras pequeñas y pequeños.
Con esta modificación se han quitado 6 paradas de autobús que antes existían, dejando fuera en este caso barriadas alejadas de los centros educativos, pero sin dejar de dar el servicio a los vecinos y vecinas de las urbanizaciones de la playa.
