El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, ha mantenido en las últimas horas un encuentro con vecinos pertenecientes a más de una decena de familias con serios problemas de vivienda en la calle Mediterráneo, en el barrio algecireño de La Piñera.
Los vecinos han mostrado al representante de la Administración autonómica las dicultades que sufren con cubiertas, muros, aislamientos o pilares, entre otros elementos, que han provocado que hayan sido ya conminados a dejar dichas casas y tramitar los pertinentes realojos. Algunos de ellos –no es el caso de todos- han salido de sus hogares. Representantes de las asociaciones vecinales Puerto Blanco (La Piñera), Leonardo Bernal y Antonio Benavente, y de La Unión (Piñera Baja y Tropezón), Juan Antonio Núñez Fluxá, han acompañado a estos ciudadanos durante la cita con Gavino y les apoyan en sus peticiones de ayuda a las instituciones.
Los vecinos han pedido al Subdelegado que trate con la Delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda el posible acceso de estos bloques a las ayudas correspondientes al Plan Estatal de Vivienda. Este Plan prevé la inversión de 1,7 millones de euros en el casco histórico de Cádiz y los barrios algecireños de La Piñera y El Saladillo. Las ayudas fueron anunciadas a finales de octubre pasado. Junta de Andalucía y Gobierno de España firmaron un convenio por el que la Administración autonómica se hace cargo del 79% del total (1,35 millones de euros) y el Ministerio de Fomento el 21% restante (363.218 euros) hasta el año 2017.
La previsión del acuerdo apunta a que en La Piñera y El Saladillo se inviertan 676.339 euros (439.620 la Junta y 236.718 el Gobierno) y tanto los vecinos de la calle Mediterráneo como el movimiento asociativo expresan que los avisos de desalojo y los apuntalamientos los hacen acreedores de poder beneficiarse de estas cantidades de forma prioritaria.
El Subdelegado ha explicado que no es competencia de la Junta de Andalucía hacerse cargo del pago de realojos a los vecinos, materia que recae en los ayuntamientos. Las viviendas datan de los años en los que La Piñera, a finales de la década de los cincuenta y primeros años de los sesenta del siglo pasado, nació como barrio y, actualmente, son propiedad de sus moradores y no pertenecen al parque público. “Hemos sido muy claros con los vecinos y estamos dando la cara ante el problema que tienen, hay que ver en los próximos días qué posibilidades reales existen de ayudarles”, ha manifestado Gavino, quien ha subrayado que atender a ésta y cualquier otra situación de carácter social es fundamental en su tarea pese a las dificultades económicas y administrativas que entraña.
