El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tras incorporar las enmiendas del Senado, con los votos del grupo popular y duras críticas por parte de la oposición.
La ley, aprobada por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, entrará en vigor el próximo 1 de enero y establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el grupo popular ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.
La reforma ha recibido también críticas de las entidades de gestión, la compañía tecnológica Google y el mundo de la cultura, que desde hace semanas ha protagonizado movilizaciones contra lo que ha denominado la "ley Lassalle", en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.
Entre otras medidas, la ley establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos o buscadores de internet por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable.
La norma mantiene el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la Unión Europea.
Asimismo, establece multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.
En lo que se refiere a las entidades de gestión de derechos de autor, se regula un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.
Tras la aprobación de la ley, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha expresado su satisfacción y ha declarado que "una ley por sí sola no es capaz de cambiar los hábitos".
Por ello, el ministro ha confiado en que tanto en el desarrollo reglamentario de esta reforma, como en los trabajos de preparación de la reforma integral, sean capaces de ponerse de acuerdo "sobre cómo ser más eficaces en defender a las industrias culturales del fenómeno de la piratería en internet".
Mientras, Google ha asegurado en un comunicado estar "decepcionada" por la aprobación de la ley y ha anunciado que valorará sus "opciones en el marco de la nueva reglamentación".
"Estamos decepcionados con la nueva ley, porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web", ha indicado la empresa estadounidense en un comunicado.
Las entidades de gestión, que pidieron ayer a los diputados que rechazaran la ley, creen que "se ensaña contra el sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y perjudica a los titulares de derechos, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas".
Durante la defensa de la reforma en el pleno del Congreso, el portavoz popular, Juan de Dios Ruano, ha asegurado que su grupo "puede decir alto y claro: dicho y hecho", mientras que el socialista José Andrés Torres Mora, ha señalado que "lo que se presentó como una reforma parcial y urgente ha resultado tener poco de reforma, nada de urgente, aunque parcial sí ha sido".
Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sostenido que la ley pone el interés de la cultura "a los pies de los caballos" de las grandes industrias tecnológicas, mientras que Montserrat Surroca, de CiU, ha expresado su preocupación por el contenido de una norma que "vulnera" competencias autonómicas.
También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado una norma que es "una de las peores de la legislatura", ha opinado, al igual que han hecho el del PNV Joseba Aguirrechea, para quien es una ley que entró coja y sale más coja, y el de Amaiur Rafael Larreina, que ha considerado una "irresponsabilidad supina" su aprobación.
