El Ayuntamiento quiere poner su granito de arena con el problema de los “atrapados”, como así se conoce a la situación que sufren las personas con problemas de movilidad, en su mayoría de la tercera edad, que no pueden bajar a la calle todas las veces que quisieran, salvo si lo hacen ayudadas por familiares y auxiliares, al vivir en bloques de piso sin ascensor. Da igual que habiten un cuarto o un sexto, para ellos es como si residieran en un rascacielo donde bajar a la calle por gusto supone un acontecimiento extraordinario en su rutina diaria.
Lógicamente, como expone Sebastián Peña, el presidente de la Federación local de asociaciones de vecinos, Solidaridad, esta realidad es especialmente acusada en barriadas más antiguas de Jerez cuyos bloques fueron construidos hace décadas. como Juan XXIII, La Plata, La Constancia, La Asuncióno los pisos del entorno de Federico Mayo. En otras zonas como La Granja y San Telmo Nuevo hubo más suerte antes de la crisis al verse beneficiadas del programa de subvenciones de la Junta para la instalación de elevadores. Auqnue en aquel entonces se mejoraron los problemas de accesibilidad, aún hay déficit de ascensores. Por ejemplo, expone Peña, en San Telmo nuevo hay 22 bloques y en cuatro de ellos aún hay que subir las escaleras a la fuerza para llegar a los domicilios. Dejando de lado aquellos pisos donde es imposible la instalación por la falta de espacio al no permitirlo su fisonomía original, ahora después de más de cinco años de vacas flacas en este asunto desde que la Junta cerrara el grifo de las subvenciones, llega la hora de recuperar estos proyectos.
Esta vez la voz cantante la llevará el Gobierno local después de haber hecho suya, en parte, la propuesta de Solidaridad de poner en marcha un programa para la instalación de ascensores y rehabilitación de fachada en distintas barriadas. Iniciativa en la que Solidaridad espera poder hacer sus aportaciones y así se lo trasladará a la alcaldesa, María José García-Pelayo, en la reunión que mantendrán el próximo 16 de octubre para hablar de estas y otras cuestiones. En concreto, García-Pelayo, que justificó que el Consistorio haya tomado cartas en el asunto “en el lavado de manos” de la Junta pese a tratarse de una competencia suya, explicó que la fórmula por la que ha optado el Consistorio “absolutamente legal” partirá de una convocatoria para que las comunidades de vecinos presenten su solicitud para acogerse tanto a la instalación de ascensores como a la rehabilitación de fachadas.
Una vez aprobada la solicitud, se firmará un convenio con Emuvijesa, que asumirá la contratación, adjudicación y financiación de las obras necesarias para acometer estos trabajos, aunque la comunidad de vecinos deberá devolver esta financiación con plazos mensuales que variará dependiendo del número de vecinos y el presupuesto necesario, pero que oscilará en todo caso en torno a los 12 euros mensuales por casa. Una cifra, en principio asequible, pero que en Solidaridad no ven demasiado clara y para ello esperan tener garantías de que se contará con la financiación y de los precios pactados, teniendo en cuenta los tiempos complicados que también pasan las comunidades de propietarios por los impagos de las cuotas.
Los últimos datos oficiales del número de atrapados en Jerez fueron difundidos por Emuvijesa hablaban de unos 200 “atrapados”, mientras que la Federación Local de Asociaciones de Vecinos habla de muchas más personas. Dicho estudio en cualquier caso no está actualizado, pero lo que sí está vigente es el decreto regulador de accesibilidad en infraestructuras, urbanismo, edificación y transporte de la Junta, por el que cualquier inmueble de más de dos plantas deberá contar con ascensor, y en caso de que carezcan del mismo, el plazo para su construcción no puede exceder el año 2019.
