El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha citado a declarar este martes a un funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) imputado por haber desfalcado 114.744,45 euros de las arcas públicas provenientes del pago de tasas e impuestos y de haber alterado expedientes relativos a los ejercicios económicos comprendidos entre los años 2000 y 2011.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la comparecencia del funcionario se llevará a cabo después de que, recientemente, el alcalde de Castilblanco, Segundo Benítez (PSOE), ratificara en el Juzgado los hechos ya expuestos a la Fiscalía y reproducidos por la misma en la denuncia formulada contra este funcionario municipal por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El abogado Luis Romero, que defiende a este funcionario, ha señalado en declaraciones a Europa Press que su cliente "no ha participado en forma alguna en la presunta malversación de caudales públicos y en la presunta falsedad documental, por cuanto no tiene nada que ver con estos sucesos" que le imputa el Juzgado, aseverando que su patrocinado "en ningún momento ha alterado ningún expediente municipal ni ha falsificado firma alguna, y mucho menos se ha apropiado de dinero alguno".
Al hilo de ello, el letrado ha señalado que "el mueble que se dice cerrado bajo llaves y de uso exclusivo" de su patrocinado "estaba a disposición de cualquier empleado del departamento de administración y del Ayuntamiento", pues las llaves del mismo "estaban en un llavero común en el que se encontraba otras llaves de otros muebles y ese llavero estaba en la mesa" del imputado, "a disposición de cualquier funcionario o empleado municipal".
En este sentido, Luis Romero ha dicho que "el motivo de que estuviese cerrado era que contenía material de oficina", a lo que se añade que "es incierto que en este mueble se encontrasen los 113 expedientes de licencias de obras, pues allí sólo había entre 30 y 40 de dichos expedientes", mientras que los demás "estaban en estanterías a la vista de todos en el departamento de administración".
Asimismo, ha añadido que los talonarios de cartas de pago "aparecieron junto a la mesa" del imputado, por lo que "cualquier persona con acceso al departamento los podía haber colocado en ese lugar", mientras que la caja del departamento "no era única", de manera que "podía cobrar cualquiera de los empleados o funcionarios, y unas veces escribía las cartas de pago uno y lo cobraba otro, indistintamente".
El abogado defensor también ha indicado que "ninguna alteración ni apropiación ha hecho el imputado en los expedientes de acometida de agua", por lo que su cliente "exige el respeto a su derecho constitucional a la presunción de inocencia".
Por último, ha defendido que su patrocinado ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento "desde hace más de 37 años de forma abnegada y tiene una familia que no debe sufrir la difusión de una noticia que le señala como responsable de un delito muy grave con el que no tiene nada que ver".
