La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha anunciado en el Parlamento andaluz que los trámites para lograr la declaración del espacio natural Sierra de las Nieves como Parque Nacional podrán estar finalizados para su remisión al Gobierno de la Nación antes de que finalice esta Legislatura. Una vez que el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta iniciativa, Sierra de las Nieves se convertirá en el tercer enclave andaluz con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada, y en el decimosexto de España.
Para ello, la Consejería va a elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe su formulación, con el fin de determinar la delimitación geográfica del futuro parque nacional y, si fuera necesario, de sus zonas de protección periférica.
Para Serrano, la declaración de este enclave como Parque Nacional es una apuesta por "la sostenibilidad y el turismo verde, que aportará prestigio, visibilidad y una mayor inversión pública para la comarca y para toda la provincia de Málaga". En opinión de la consejera, las áreas de influencia socieconómica de este espacio se verán directamente beneficiadas por la mayor afluencia de visitantes y un renovado impulso a las políticas de desarrollo sostenible.
Durante su intervención, la consejera ha recordado que su departamento ha elaborado el informe que avala la idoneidad de este nuevo parque nacional y en el que se resaltan los elementos singulares que sustentan sus opciones para lograr esta figura de protección. Entre los valores ecológicos, estéticos, culturales y científicos de este espacio destaca la presencia del la superficie de pinsapar más importante de España, una geología exclusiva y la abundancia de especies amenazadas e incluso en peligro de extinción que habitan en su territorio.
Por último, ha destacado el apoyo de la Junta Rectora del parque, en la que están representados los distintos agentes económicos, sociales y políticos de la zona, a esta propuesta impulsada por Gobierno andaluz y en la que se ha canalizado la "voluntad de los agentes territoriales y de los alcaldes de los municipio interesados".
